Redacción Canal Abierto | A poco menos de dos años de aprobada, la Ley de Alquileres se encuentra nuevamente en debate. Cámaras inmobiliarias, propietarios y organizaciones de inquilinos continúan en la puja por una normativa que le convenga más a su sector.

Para echar luz sobre los principales puntos que se encuentran en discusión, la socióloga y coordinadora del Programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ, Rosario Fassina, dialogó con Canal Abierto.

¿Por qué el nuevo debate?

-Otra vez está en tela de juicio el funcionamiento y el alcance que tiene esta ley y se han presentado muchísimas reformas que ahora van a ser debatidas en la Comisión legislativa de la Cámara de Diputados para lo cual se dio un periodo de 30 días.

Esta idea de la discusión sobre derogarla, modificarla o suspenderla está basada sobre una falta de datos para poder saber si efectivamente esta ley fracasó. Hay un consenso entre quienes están legislando y las grandes cámaras inmobiliarias para expresar que esta ley fracasó y que tiene que ser derogada. Sin embargo, no tenemos datos para poder decir que efectivamente eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque en primera instancia los datos con los cuales contamos son datos que suelen construir las cámaras inmobiliarias, es decir, una sola cara de la moneda, que es la que componen el mercado de inmobiliario, que son quienes alquilan y quienes son los propietarios.

 Por otro lado, muchas de las cosas que planteaba la ley no fueron debidamente implementadas, es decir que toda esta idea de derogarla y cambiarla se basa en una construcción falaz de decir que fue la Ley de Alquileres la culpable del aumento desmedido de los alquileres cuando en verdad se pueden explicar por otras situaciones que exceden.

¿Cómo se cuida al que alquila?

-Justamente, lo que está en tensión acá es el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional y que el Estado está obligado a garantizarlo, versus los intereses privados de gente que quiere generar renta con sus departamentos. No hay ningún problema al respecto, sólo que cuando hablamos de algo tan delicado como el acceso a la vivienda en un contexto de crisis económica y un déficit habitacional muy marcado en nuestro país, el Estado debería poder tomar cartas en el asunto y tener un rol muchísimo más presente, regulando, y sobre todo garantizando el derecho a la vivienda de la población.

¿En qué se benefician o cómo pueden ver garantizados mínimamente los derechos los inquilinos y las inquilinas?

-La nueva Ley de Alquileres planteaba muchas reformas que iban en ese sentido: el aumento del contrato de alquiler de 2 a 3 años, lo que generaba una mayor previsibilidad porque todos sabemos lo que genera cada dos años tener que mudarnos y conseguir las garantías y que alguien nos alquile. Las familias necesitan tener previsibilidad y el aumento iba en ese sentido.

¿Es posible pensar en Argentina una experiencia de alquiler social?

Sí, no sólo creo que es posible, sino que ahora el Estado está obligado porque la nueva Ley de Alquileres planteaba en su último artículo la creación de un programa de alquiler social. Es decir que hasta tenemos ya dictaminado en la ley una posibilidad para crear ese programa. Ahora lo que falta es voluntad política para empezar a pensar por un lado el alquiler como una manera legítima de las familias de poder ingresar al sistema de vivienda y haber garantizado su derecho a la vivienda. Empezar a pensar políticas públicas que hagan que se alquile bajo ciertas garantías y respetándoles sus derechos (a los inquilinos), y por el otro lado un Estado presente que piense políticas para empezar a desarmar la crisis habitacional que hay en este país.

La crisis habitacional

«Sólo por poner un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el 11% del parque inmobiliario está vacío y hay muchísima construcción. Año a año crece la cantidad de metros cuadrados de manera exponencial, todos concentrados en el Corredor Norte donde justamente también coincide la ociosidad de la vivienda. Entonces, ¿para quién se están construyendo esas viviendas? Por general el 50% de ellas son suntuosas, de lujo, donde no tiene ningún tipo de correlación con la demanda», explica Fassina.

Luego agrega: «Nadie regula qué estamos construyendo y para quién estamos construyendo. Se piensa a la vivienda sólo en términos de reserva y de hacer crecer exponencialmente su valor. Debe pensarse para que efectivamente sirva para responder a la demanda de las familias que tienen que acceder a una vivienda, que el Estado disponga herramientas para que esas familias puedan acceder. Y acá no solamente hablo del crédito hipotecario, sino de toda la batería de políticas que pueden desarrollar para regular ese ingreso como por ejemplo el alquiler social y que realmente empecemos a pensar la vivienda como un derecho».

Y finaliza: «En la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de nuestro país, tenemos el 11% del parque habitacional vacío y una población que desde el Censo de hace 70 años no crece. Hay un estancamiento poblacional con una cantidad demencial de metros cuadrados que se construyen por año, pero al mismo tiempo hay cada vez más personas viviendo en villas, cada vez más personas viviendo en situación de calle y un 35% de inquilinos que no pueden acceder a la vivienda propia«.

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