Redacción Canal Abierto | Con la premisa de eliminar la indigencia, valorizar tareas que el mercado no valora o subvalora y redistribuir ingresos, esta mañana se presentó en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados el proyecto de Salario Básico Universal (SBU).
“Estamos hablando de un universo que incluye a trabajadores que están fuera del mercado de trabajo, trabajadores informales, desocupados, cuentapropistas pobres y asalariados de muy bajos ingresos”, enumeró Itaí Hagman, diputado del Frente Patria Grande en el Frente de Todos.
Se trata de una prestación monetaria individual, mensual y no contributiva de alcance nacional equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria que elabora el INDEC.
Según el cálculo que establecieron las organizaciones y legisladores que elaboraron el proyecto, el SBU alcanzaría a 9 millones de personas, e implicaría un presupuesto equivalente al 2,1% del PBI. Descontándole las partidas que están subsumidas en esta idea, el costo neto a financiar es del 0,9% del PBI.
“Es un monto significativo pero no es inviable —aseguró Hagman—. Es algo que se puede discutir cómo se financia, además de que se puede ir de menos a más. Se puede discutir algún tipo de reforma tributaria más progresiva, cómo se redireccionan gastos. Tenemos que pensar soluciones nuevas con políticas nuevas. Que exista un piso de ingresos asegurados para toda la población implica inyectar recursos en los sectores que dinamizan la economía, porque son sectores que vuelcan la mayor parte de sus ingresos al consumo”.
Luego añadió: “Esta medida no puede ser pensada en contraposición con generar trabajo, porque garantizar un piso de ingresos para las personas que no tienen hoy sus necesidades básicas satisfechas es una manera de favorecer la inserción en el mundo del trabajo. Una persona que no las tiene no puede formarse ni trabajar. Y es complementaria a todas las políticas de promoción de empleo, tanto privado, como público, como de la economía popular”.
Por su parte, la legisladora y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Natalia Zaracho, detalló: “Es un momento donde nos imponen discutir la agenda de los que más tienen. Pero, ¿qué implica no tener para comer? ¿Qué pasa con esa familia que no tiene un plato garantizado? Un pibe que no puede comer, no puede pensar, no puede estudiar, no se puede desarrollar, no puede planificar. Hoy tenemos más de la mitad de nuestros pibes y pibas por debajo de la línea de pobreza y yo no entiendo cuándo naturalizamos eso. La gente hace tres cuadras de fila para buscar una vianda”.
“Proyectar es un privilegio”
Con la presencia de los legisladores de diferentes espacios que integran el Frente de Todos —como Federico Fagioli, Daniel Arroyo y Mara Brawer, entre otros— y dirigentes sociales como Dina Sánchez, Gildo Onorato, Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois.
“El objetivo principal es terminar con la indigencia en la Argentina. Hablamos de personas que trabajan, que se rompen el lomo todos los días, pero aún así no pueden garantizar una semana de alimentos en su casa. Proyectarnos a un mes es un privilegio que muchos de nosotros, y sobre todo nosotras, no tenemos —sostuvo Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP y vocera del Frente Popular Darío Santillán—. No sólo es una buena propuesta, sino que es se puede llevar adelante. Hay políticas que son parches y que se superponen. El Salario Básico Universal propone una respuesta urgente y concreta a lo que está pasando hoy en la Argentina. Si no podemos garantizar este derecho es que no tenemos esperanzas”.
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En tanto, el diputado Leonardo Grosso, quien acompaña el proyecto con su firma, detalló que el SBU es parte de un plan de lucha comprendido en la Ley general de Tierra, Techo y Trabajo que incluye el reconocimiento del Ministerio, el monotributo productivo y el SBU. Y el diputado y líder de la Corriente Clasista y Combativa y del PCR, Juan Carlos Alderete, anticipó: “Nosotros vamos a estar afuera con los compañeros pero peleando también adentro del Congreso para que se apruebe esta ley”.
Desde Jóvenes por el Clima se hizo presente Bruno Rodríguez, quien acercó el apoyo de esa organización y explicó: “Creemos que no sólo es un paso adelante en materia de justicia social, sino que el SBU es una medida de justicia ambiental. La ciencia climática afirma que la primera medida de adaptación al cambio climático en países del sur global es la reducción de la pobreza, la mitigación de las desigualdades sociales que se recrudecieron durante la pandemia”.
La plata está
Hacia el final, Grabois, dirigente de Patria Grande, le puso algunos números a la tragedia social. “La mitad de la clase trabajadora trabaja pero no tiene derechos. Todas estas ideas de pasar de los planes al trabajo son un eslogan: lo que hay que hacer es pasar del trabajo sin derechos al trabajo con derechos, del trabajo con ingresos de indigencia al trabajo con buenos ingresos, porque trabajo hay, lo que no hay es empleo —planteó—. ¿Qué propuesta hay para esa gente? Hay que crear 10 millones de puestos de trabajo en el sector privado: no va a pasar, no funciona así el capitalismo, es una fantasía”.
Y agregó: “Con este proyecto sacamos a todos de la indigencia y reducimos la pobreza pero la gente va a seguir trabajando de lo mismo que hoy y ese no es nuestro deseo. Se sale de tres maneras: o ingresan al sector privado, o ingresan al sector público, o ingresan a la economía popular organizada que hoy es el 10 o el 15% de ese universo. En la transición necesitamos que todo el mundo de la informalidad tenga un SBU. La plata está. Los que se oponen dentro del Frente de Todos quiero que me lo expliquen, que nos digan por qué esto está mal. Propongan algo. Necesitamos que nuestros diputados y diputadas vayan a hablar con la oposición, si para sacar leyes que benefician a gente que tiene mucha plata se habla”.
Finalmente, Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular (UP) en el Frente de Todos y director del Banco Nación, confirmó “el compromiso de UP y de la CTA Autónoma de militar este proyecto para que salga”.
“La Argentina del endeudamiento externo que tiene de un lado 18 millones de pobres y del otro 114.000 millonarios en dólares, de los cuales 1.030 tienen un promedio de 30 millones de patrimonio y donde más de 10 tienen más de 1.000 millones de patrimonio transforma en vergüenza que no podamos garantizar que la Argentina sea un país libre de hambre —sentenció Lozano—. Más del 70% del crecimiento de la fuerza laboral en la Argentina de los últimos 50 años tiene que ver con la informalidad, con la clandestinidad laboral y con la desocupación. No se puede pensar la distribución del ingreso sin pensar una política de ingresos garantizada desde el Estado”.