Redacción Canal Abierto | Primero, algunos datos para macerar la reflexión: en 20 años, el 40% de los puestos de trabajo (hoy ya escasos) habrán sido sustituidos por máquinas y software. El “triunfo del capitalismo” nos llevó a una situación en que ni el mercado ni los estados garantizan hoy un empleo para todas las personas, y los que hay no garantizan tampoco una vida digna. Aún en los países desarrollados, tener un ingreso salarial asegurado no garantiza no ser pobre. Cada vez son mayores las condiciones de precariedad, los despidos y los trabajadores bajo la línea de la pobreza… ni que hablar de aquellas y aquellos que ni siquiera tienen el oscuro privilegio de ser unos pobres trabajadores.

Si hablamos de desigualdad social y distribución de la riqueza, nunca en la historia de los homo sapiens (sí, los hombres que piensan: arrogante el nombre que nos pusimos) se asistió a tal estado de cosas: el 1% más rico de la población mundial tiene un patrimonio igual al del 99% restante.

Según la ONG internacional Oxfam, la riqueza de las 62 personas más ricas del mundo aumentó de 2010 a 2015 en un 45%. En la actualidad, poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, 3.600 millones de personas. En 2010 era el patrimonio de 388 personas el que era igual al de la mitad de la población mundial menos favorecida. A ese ritmo se concentra la suma de bienes y activos en pocas manos, así como el poder de cohersión de estos pocos sobre los Estados modelados a su sombra. Todo esto, además, sucede a una velocidad exponencial que ni leyes ni oposiciones políticas logran siquiera despeinar.

Resumiendo, un primer escenario nos muestra:

  1. destrucción del empleo, generador de ingresos –no riqueza– para la mayoría de la humanidad en el régimen capitalista;
  2. concentración de la riqueza en el 1% de la población (mayoritariamente varones);
  3. gobiernos cómplices que procuran satisfacer a sus patrones y Estados maniatados para brindar algo que se parezca a la dignidad a sus ciudadanos.

Estado de cosas: un modelo político-económico insostenible con una gobernabilidad amenazada al extremo.

Segundo escenario: la pandemia del COVID-19 declarada por la OMS el 11 de marzo paralizó la economía mundial a niveles inéditos. Desde esa fecha, paulatinamente, a medida que el virus y su consecuencia de muertes se propaga, la cuarentena y el parate económico que de ella devino dejan expuesto aún más el problema: extrema las desigualdades, agudiza la pobreza y jaquea la gobernabilidad. ¿Será el COVID-19 la gota que rebalse el vaso?

Aquí es donde comienza a tallar y se instala en el centro de los debates la renta básica.

 

La renta básica

“De repente, uno escucha a mentores y cultores del capitalismo más conspicuo hablar de la conveniencia de aplicar una estrategia de esta naturaleza (la renta básica universal) como modo de resolver uno de los efectos que plantea esta pandemia que es una suerte de agigantamiento de las desigualdades y, consecuentemente, puesta en cuestión de las condiciones de gobernabilidad”, sostiene el economista Claudio Lozano, actual Director del Banco Nación y uno de los impulsores en los ‘90 de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

En los tempranos 2000, en medio de la crisis económica que una década de políticas neoliberales había provocado en la Argentina –y al borde de la crisis político-institucional–, la CTA junto al Frente Nacional contra la Pobreza impulsaron una campaña por tres herramientas que buscaban poner un piso de ingresos al funcionamiento del deprimido mercado laboral en la Argentina: el seguro de empleo y formación para todo trabajador sin empleo; la asignación universal por hijo y la jubilación universal para las y los mayores de 60 y 65 años. Todavía no se hablaba de “renta ciudadana” pero la propuesta proponía un umbral de derechos y ciudadanía.

 

Según lo define la Red Renta Básica, una asociación sin fines de lucro de España:

“La renta básica es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. En menos palabras: una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población.”

Mientras en Argentina el FRENAPO construía su propuesta, en Europa el debate por el Ingreso Ciudadano Universal, también llamado Renta Básica Universal, llevaba algunos años. En 1986 se constituía la Red Europea por la Renta Básica (BIEN – Basic Income European Network) y en 2001 la citada filial española; pero recién en enero de 2017 un gobierno puso en marcha, a modo de experimento, esta política pública.

Sacudiendo el escenario político y al deprimido Estado de Bienestar europeos, el gobierno de centro-derecha de Finlandia encabezado por Juha Sipilä (2015-2019) estableció un plan piloto que entregó una Renta Básica (RB) de 560 euros mensuales libres de impuestos durante 24 meses a 2.000 desempleados de entre 25 y 58 años, elegidos al azar entre los 175.000 ciudadanos del país que recibían algún tipo de subsidio por desempleo. La experiencia, en la que el Estado finlandés invirtió 20 millones de euros, se prolongó entre 2017 y 2018 y recientemente se dieron a conocer los resultado.

Los beneficiarios del proyecto estaban obligados, por ley, a participar si querían seguir recibiendo sus prestaciones sociales y continuaban percibiendo la RB aún si conseguían un trabajo. Para contrastar con este grupo se realizó un seguimiento a un otro sector de desempleados del mismo rango etario que no percibió la RB pero si los subsidios habituales por desempleo. Las conclusiones definitivas recientemente publicadas sostienen que la percepción de una renta básica sin condiciones en ningún momento desalentó a los beneficiarios de continuar la búsqueda de un trabajo. El grupo de personas que recibía la RB trabajó más días en promedio que el grupo que no obtuvo el ingreso.

Por otro lado, la RB contribuyó a aumentar la seguridad económica de los beneficiarios y su bienestar mental. «La ejecución del experimento fue un éxito y proporcionó nueva información que no habría sido posible obtener sin él», afirmó en un comunicado Olli Kangas, investigador y máximo responsable del ensayo.

 

Otras iniciativas, aún a nivel experimental, se están llevando adelante en Canadá, Holanda y Escocia, a menor escala y focalizadas, no a nivel nacional como la realizada por Helsinki.

El Estado de Alaska (Estados Unidos) desde 1982 entrega a todos sus residentes un Ingreso Básico Universal (UBI – universal basic income)  anual de 2000 dólares. Si se trata de una familia tipo, una pareja con dos hijos, reciben 8.000 dólares una vez al año. Este es un caso con características particulares: escasa población, extremas condiciones de vida, financiamiento a través del programa de Dividendos del Fondo Permanente de Alaska (PFD, por sus siglas en inglés), que recibe un mínimo del 25% de los ingresos de tránsito de petróleo a través de su red de oleoductos para repartir entre sus ciudadanos.

Según varios estudios el UBI redujo los niveles de pobreza –sobre todo entre niños y ancianos– y colaboró en sostener los empleos por tiempo indeterminado y aumentar los temporales. A su vez señalan que “no ha aparecido evidencia de las posibles consecuencias sociales y económicas adversas comúnmente hipotetizadas de UBI”.

El PFD es un caso único, en el que una parte significativa de las rentas de recursos se distribuye durante varias décadas como un pago incondicional en efectivo a todos los residentes. Haciendo un paralelismo, ¿podría en nuestro país aplicarse un impuesto sobre la renta potencial de la tierra para distribuirlo como una RB?

 

La pandemia, ¿una oportunidad?

“Todos aquellos que no son asalariados formales, aquellos que no están «en blanco» entre los 18 y 65 años, deben tener un ingreso social de emergencia equivalente por lo menos al salario mínimo, vital y móvil vigente. Eso daría que cualquier hogar tipo tendría unos 34 mil pesos a los cuales habría que adicionar la extensión y generalización completa de la AUH, que deberíamos incrementarla a 4 mil pesos por pibe, y estaríamos en 42 mil pesos por hogar”, sostiene Lozano en diálogo con Canal Abierto.

“Todo el mundo tendría este piso. Argentina tiene condiciones para hacerlo. Estamos hablando del 5% del PBI en total, una cifra que le llega a los tobillos a la fuga de capitales que tiene la Argentina”, concluye el  director del Banco de la Nación.

 Si te interesa ver la conversación completa con Claudio Lozano: 

El recientemente establecido Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implementado como un parche para la emergencia por el Ejecutivo nacional se presenta como una eventual base para rediseñar las políticas sociales focalizadas por una universalización del derecho a un ingreso ciudadano.

En este sentido, como sostenía Lozano, no sólo desde la izquierda se habla de estas propuestas (la foto que abre esta nota plantea irónicamente alguna de las aristas y dudas: ¿sólo queremos pan?). Para el capital, que todo se vaya al demonio no es negocio. Este 12 de mayo, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), organismo regional de la ONU, propuso avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos del coronavirus.

“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

El organismo propone la entrega de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades primarias, unos 143 dólares en promedio) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esta medida, proponen, debería sentar las bases para un ingreso básico verdaderamente universal, que cobrarían todos los habitantes de la región.

En nuestro país, el pasado 1º de Mayo, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, organizaciones de trabajadores, movimientos sociales, entidades de PyMEs y agrupaciones políticas lanzaron el Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, que entre otras propuestas incluye el ingreso básico universal.

 

¿Un green new deal?

En un artículo recientemente publicado en la revista Anfibia, Maristella Svampa y Enrique Viale proponen poner la capacidad del Estado –que hoy se demuestra único garante posible de alguna salida, incluso a pesar de la (i)racionalidad de algunos gobernantes–, al servicio de un “Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y Económico para transformar la economía mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria”. En esta perspectiva enumeran cinco ejes fundamentales del Pacto a debatir: “un Ingreso Universal Ciudadano, una Reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la Deuda Externa, un Sistema nacional de cuidados y una apuesta seria y radical a la Transición socioecológica”.

Las voces de intelectuales, políticos y referentes sociales se multiplican y resuenan con una vibración similar. ¿Será que llegó la hora de un nuevo pacto social? ¿Qué sociabilidad precisamos para llevar adelante estas reformas? ¿Alcanza con el Estado y las actuales instituciones que nos trajeron hasta aquí? Una serie de interrogantes y desafíos para seguir tirando del ovillo y comenzar a militar estas transformaciones.

“En el marco de la pelea de una renta básica de emergencia también tiene que haber una pelea por procesos de democratización que permitan la organización de comités anticrisis, de consejos de organización de la comunidad que amplíen el reconocimiento a actores que están por fuera del marco de la institucionalidad formal tradicional que no reconoce a una multiplicidad de actores que se han venido desarrollando en los últimos 30 años”, concluye Lozano.

Este es un punto de partida concreto. Está sucediendo, los pasillos del poder muestran las grietas. A patear puertas y abrir ventanas.

 

Propuesta del IPPyP: Hacia un Salario Universal para afrontar la Emergencia

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) que coordina Claudio Lozano y dirige Tomás Raffo publicó una propuesta titulada Hacia un Salario Universal para afrontar la Emergencia. El trabajo propone establecer una renta básica en el contexto actual de la crisis sanitaria, económica y social que provoca la pandemia del coronavirus.

El trabajo sostiene “que es el momento oportuno de provocar un cambio drástico en la matriz distributiva para que la contención sea efectiva. Esa contención, que en tiempos de calma suele darse a cuenta gotas como bálsamo, hoy la situación exige que se convierta en shock ante el riesgo de diluirse por completo. Como la experiencia lo indica, las crisis económicas suelen ser mejor aprovechadas por los sectores del poder económico para sentar bases de crecimiento organizadas sobre pautas de mayor desigualdad. Creemos que hoy estamos en ese terreno de disputa y la batería de políticas, decisiones públicas y comunitarias que se vayan resolviendo serán las que determinen la salida de esta crisis inédita”.

Síntesis de la Propuesta:
“Se destacan cuatro pilares de acción concreta e inmediata que permitirían brindar condiciones para atravesar el tiempo que sea necesario extender el aislamiento preventivo sin sufrimiento social.

Renta básica universal para la emergencia: Garantizar una renta básica compuesta por un salario universal de $17.000 equivalente al salario mínimo y una asignación universal por hijo de $4.000 implica la creación de una nueva institucionalidad que tenga como función democratizar el acceso a los ingresos y a la producción social al conjunto de los habitantes de nuestro país y al mismo tiempo permitir una efectiva autonomización de las condiciones de reproducción de la vida respecto a la lógica de valorización del capital.

Impuesto a la riqueza y a las principales firmas y bancos: las circunstancias actuales ameritan llevar adelante, por única vez, un procedimiento extraordinario que permita la captura pública de rentas y patrimonio de quienes integran el poder económico local sobre la base del criterio de Patrimonio y Renta Presunta, en el marco de una estrategia general que a partir de aquí permita terminar con la planificación fiscal nociva y delictiva de las principales empresas y sus dueños que erosiona sistemáticamente la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos sobre rentas y patrimonio. El saldo final de este proceso de reformas debería dotar al estado de instrumentos de regulación pública que le permitan obligar a las principales empresas y fortunas a blanquear sus estructuras y tenencias societarias.

Suspensión de pagos de deuda: Abundan los motivos para asumir de manera unilateral la suspensión de pagos de deuda, no sólo a los bonistas privados, sino también a los organismos internacionales. Un período de absoluta suspensión en los pagos permitiría abrir un tiempo para instituir una auditoría de una deuda pública que incluya endeudamientos espurios como el bono de los 100 años, con los fondos buitres, con el Club de París y con el FMI evitando caer en reestructuraciones desventajosas para el interés nacional. En un contexto donde la caída del producto no tiene definido todavía un piso, la asignación de parte de la producción nacional para el pago de deuda entra en abierta competencia con los derechos humanos.

Profundizar la democratización: No es posible concretar exitosamente ninguna estrategia de contención social sin la democratización de las instituciones que lleven adelante las políticas y, por lo tanto, sin participación de la comunidad en las decisiones. La comunidad organizada es clave para superar de la mejor manera posible esta pandemia. El gobierno de los expertos no es suficiente para garantizar el cuidado de la población, se precisa complementarlo con el accionar cotidiano de los colectivos que están presentes en los territorios y conocen su realidad social. Para ello es indispensable la permanente circulación de la información, la apertura de los canales de diálogo y la conformación de órganos consultivos plurales que se transformen en verdaderos Consejos de Organización de la Comunidad frente a la crisis. Esto facilitaría la tarea de control sobre el cumplimiento efectivo de las decisiones que se adoptan. Achicar la brecha entre el discurso y la gestión concreta es también un imperativo de la etapa.”

 

El trabajo completo aquí:   Hacia un salario social de emergencia.

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