Por Néstor Espósito | El ex jefe de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián De Stéfano insistió en apartar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del rol de “querellante” en la causa por presunto espionaje ilegal que está radicada en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. El Colegio Público (que representa a todos los abogados de la Capital Federal) pidió ser querellante cuando trascendió que los defensores que se entrevistaban con sus clientes en la cárcel de Ezeiza, especialmente ex funcionarios kirchneristas detenidos, eran escuchados y grabados por un sistema ilegal que, además, violaba la confidencialidad que rige a la abogacía. Es decir, el Colegio es querellante en defensa de los intereses de los abogados que representa.
Sin embargo, De Stéfano consideró que ese rol es sobreabundante e innecesario. “Encontrándose tutelados los derechos de las presuntas víctimas de escuchas a partir de las sucesivas presentaciones individuales que han efectuado en autos, la participación del órgano de matriculación de aquellos mismos profesionales resulta por demás superabundante, en una violación al derecho del imputado a participar en un proceso en igualdad de armas”.
La conducción del Colegio cambió de manos en la última semana. El ex camarista federal y ministro de Justicia durante el gobierno de Fernando De la Rúa y la “Alianza”, Ricardo Gil Lavedra, destronó a la agrupación Gente de Derecho, que lideraba Jorge Rizzo. Gil Lavedra fue el candidato de una coalición de 13 agrupaciones diferentes, articuladas por un hombre que vuelve a tener altísima influencia (acaso nunca la haya perdido) en el Poder Judicial: el ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, amigo personal del ex jefe del Estado Mauricio Macri.
Juan Sebastián De Stéfano es un hombre muy cercano a Angelici. Su presencia ya se percibe fuertemente en el Colegio Público de Abogados, con un rol operativo y de poca exposición. Casi como cuando era jefe de Jurídicos de la AFI.
Gil Lavedra, con el arrastre de su historia, ejerce un rol más público y, de hecho, su primera aparición en medios de comunicación fue en el canal de noticias La Nación +, el medio preferido por el ex presidente Macri para lanzar sus proclamas políticas y sus denuestos al actual gobierno.
Gil Lavedra es la cara institucional de un proyecto político que se ha instalado en el Colegio Público de Abogados, que tiene a Angelici como el ideólogo y a De Stéfano como principal brazo ejecutor.
De Stéfano estuvo procesado en la causa principal por el presunto espionaje ilegal, pero fue beneficiado por la Cámara Federal porteña bajo el paraguas del “cuentapropismo”. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi lo desprocesaron, junto con la plana mayor de la AFI. Hoy, sólo sigue procesado en la causa que instruye el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por la denominada “mesa judicial bonaerense”, que quedó al descubierto con la grabación de una reunión en las oficinas porteñas del Banco Provincia, en la que empresarios, funcionarios bonaerenses y espías hablaron sobre la creación de una “Gestapo sindical”. Ese procesamiento ya fue apelado.
En la causa principal por el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos De Stéfano insistió en el apartamiento del Colegio Público –en el que ahora es un referente fundamental- mediante un escrito en el que puntualizó: “mientras se arroga la defensa de los intereses de los abogados que han, presuntamente, sido escuchados en el marco de estas actuaciones; al mismo tiempo, esos mismos abogados presuntamente escuchados pueden -y efectivamente lo hacen- ejercer su derecho a constituirse como querellante en el marco de estas actuaciones”.
¿La nueva conducción del Colegio Público mantendrá el rol de querellante? ¿O desistirá de él, siguiendo el razonamiento de De Stéfano, quien ahora está de los dos lados del mostrador?
La apelación será analizada por la Cámara Federal de Casación. Dos de sus jueces, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, acaban de ser sobreseídos en una causa en la que eran investigados por sus reuniones secretas con el ex presidente Macri, durante su mandato y en fechas concomitantes con fallos que perjudicaron a ex funcionarios kirchneristas. Esos fallos, en algunos casos, mandaron o confirmaron la cárcel para esos opositores al gobierno de Cambiemos. Luego, en la cárcel fueron espiados ilegalmente en sus diálogos con sus abogados.
Las reuniones entre Hornos, Borinsky y Macri no fueron delito. ¿Quién lo decidió? El juez Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo que tiene la causa principal por el espionaje ilegal. ¿Quién resolverá el pedido de De Stefano? El tribunal que integran los sobreseídos Hornos y Borinsky.
Un círculo perfecto.
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Foto principal: Juan Sebastián De Stéfano
Néstor Espósito: @nestoresposito