Por Néstor Espósito | Seis supuestas víctimas de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) le enviaron cartas personales al juez federal Ariel Lijo denunciando que, so pretexto de “rescatarlas de la trata de personas”, terminaron arruinándoles las vidas, tanto económica como socialmente.

A mediados de 2022, la EYBA regresó del pasado mediático e irrumpió con nueva fuerza a partir de una denuncia que reflotó toneladas de títulos de diarios de hace más de dos décadas. Aquella causa terminó en la nada; esta, por ahora, parece encaminada hacia otro destino.

No obstante, la situación es extraña e insólita: las seis mujeres que le escribieron al juez Lijo son consideradas objeto del delito cometido por la organización, pero lo que en realidad ocurrió es que sus domicilios –situados en el mismo edificio en el que funcionaba la Escuela de Yoga, fueron allanados, sus puertas y paredes dañadas o destruidas y, además, denunciaron que les robaron dinero, joyas y otros efectos personales. Para colmo de males, las víctimas no se consideran víctimas.

Una de las características distintivas de las sectas es justamente esa: hacerles perder a las víctimas la conciencia de que lo son. Comúnmente se lo denomina como “lavado de cerebro”. Y desde el Poder Judicial es muy difícil de probar, sobre todo cuando se trata de adultos mayores y con sus capacidades decisorias aptas, según peritajes médicos y psicológicos. La víctima cree que actúa libremente cuando, en realidad, su conducta está condicionada por factores que por su complejidad y grado de sometimiento no alcanzan a observar ni a comprender.

La abogada Natalia Graciela De Andrea, quien representa a esas seis mujeres, presentó las cartas firmadas de puño y letra por cada una de ellas al juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación de la que participan además el fiscal Carlos Stornelli y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Las seis cartas están acompañadas por una suerte de esquela de la abogada: “Esta presentación se motiva en el silencio judicial, no sólo a las manifestaciones de mis clientas, en tanto y en cuanto todas ellas están manifestando que no fueron víctimas del delito alguno. Lo peor del caso es el perjuicio que, en cada una de las personas que tengo el honor de representar, ese silencio judicial se cristaliza en perjuicios concretos. Y el punto es que ninguna de ellas fue escuchada. Ya antes de ahora dijeron que mientras hay normas que regulan los derechos de las víctimas, se usó a mis clientas para ser víctimas, con absoluto desprecio a las normas referidas; y habiendo sido violados los bienes jurídicos que protegen la propiedad y la libertad en el Código Penal”.

En la causa hay 17 procesados, todos en libertad por decisión de la Cámara Federal porteña. Los delitos que se les reprochan son “asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación y lavado de activos”. Los embargos llegan a los 1.200 millones de pesos.

“Es inexplicable como ahora, habiendo transcurrido más de cuatro meses desde la fatídica jornada de los allanamientos que cambió para siempre la vida de mis patrocinadas, todavía V.S. no se hace cargo de las manifestaciones de estas últimas en el sentido de que jamás nadie fue víctima de algo. Lo que se pretende ahora es que se vea no sólo que la actividad judicial no ha protegido a alguna de mis patrocinadas. La intención de esta presentación y de los escritos adjuntos es hacer ver el daño que, en cada caso, ha causado y provocado esta causa en el honor, el trabajo, la propiedad, y la dignidad de cada de una de mis clientas”.

¿Qué dicen las cartas, dirigidas personalmente al juez Lijo? Por razones de privacidad, seguridad y prevención de la estigmatización, se preservarán las identidades de las presuntas víctimas.

“Desde el 12 de agosto 2022, mi vida dio un vuelco total y terrible. Desde ese momento me sentí restringida en mi libertad, interpelada, objetada en mi forma de pensar, invadida en mi vida privada, catalogada como una supuesta coptada, víctima, despersonalizada, y considerada por el Estado ‘miembro de una supuesta secta infame’, lo cual es de por sí tan humillante como falso. (…) Mi imagen pública ha sido muy dañada y generó que mis ingresos hayan disminuido ostensiblemente. Más allá del dolor y el daño moral que causa que mi nombre e imagen impecables se transformen en una mala palabra, tengo un daño alarmante y urgente de resolver ahora, que es mi falta de ingresos. Hoy soy una opción profesional de alguien que es, o muy inútil o es muy peligrosa”, sostuvo una de las damnificadas.

Perdí mis ingresos, alrededor de 200 mil pesos mensuales, era profesora, mis clientes horrorizados con las noticias en todos los medios de la Argentina me pidieron que NO los contacte nunca más. Perdí mi computadora, se la llevaron en el allanamiento y no tengo dinero para reponerla. Perdí la posibilidad de mejorar mi salud, ya que en el allanamiento me robaron los USD1300 que tenía ahorrados, con mucho esfuerzo, para una infiltración en la cadera derecha, para prevenir una intervención quirúrgica. Perdí mi reputación, mi buen nombre, soy mal vista por los vecinos y por la gente que pasa por la vereda del edificio ‘del horror’. Fui escrachada en los medios de comunicación, que transmitieron en vivo el allanamiento, en contra de todos los protocolos de la PROTEX para casos en que se presume que hay víctimas”, relató otra.

Las cartas coinciden en cuestionar al denunciante, Pablo Salum, quien impulsó la investigación porque sostiene que su madre y su hermana son también víctimas de la EYBA.

“Esta falsa denuncia del testigo de entidad reservada Pablo Salum la toma la PROTEX y termina de destruir mi vida a mis 57 años. Allanaron la planta baja del edificio en el que me encontraba, del cual soy propietaria de uno de los departamentos, y no me dejaron subir a mi vivienda. Destrozaron la puerta y en particular mi habitación, estando mi amiga adentro de la vivienda.  La redujeron haciéndola tirar al piso, a una mujer de 1,48 metros y 64 años. Antes de terminar los allanamientos, los medios tenían todas las imágenes de estos y el comisario se paseaba por los pisos de los canales desparramando dichos aberrantes y falsos, sin pruebas que avalen las mismas aseveraciones. A partir del 12 de agosto del 2022 comenzó mi calvario.

Al tiempo me entero de que la PROTEX me acusa (SIC) de ‘víctima de trata’ de la ‘secta EYBA’”.

Otra de las cartas lamenta: “En el presente solo tengo deudas, porque las cuentas hay que seguir pagándolas, a nadie le importa que ustedes me hayan dejado sin ingresos, hay que pagar igual y para eso me endeudé. Tengo pesadillas, desconfianza y muchísima decepción de la justicia, realmente creía en el sistema judicial y hoy me siento totalmente desamparada, sé que ustedes no me cuidaron y que no me van a cuidar. El interés de la justicia no es hacer justicia, porque si así fuera, ya hubieran buscado la forma de resarcirme y de cuidarme. El futuro… ¿Qué futuro Sr.  Juez? Usted y la fiscal Mángano, seguramente pasaron una Navidad linda, en familia, con una mesa abundante. Yo pasé una Navidad triste, brindando con lo que había, llorando porque no sabemos que puede llegar a pasar…  A mis 35 años, la PROTEX y la Justicia arruinaron mi reputación, la de mi familia, la de mi pareja y la de mi trabajo, la gente me mira como si fuera un bicho raro, nadie quiere trabajar conmigo, todo el mundo me trata mal, como si fuera una persona horrenda. Realmente no sé cómo se paga eso, no sé si existe Justicia para lo que me hicieron”.

Las expresiones son textuales de personas consideradas víctimas de un delito. No están sujetas a interpretación, ni a valoración alguna. Están en el expediente; figuran allí y como tal se consignan.

Las reacciones de ira, tan frecuentes ante la divulgación de este tipo de datos que forman parte de una causa judicial, corren por otro andarivel.

La abogada De Andrea consignó que “las ‘supuestas víctimas’ fueron realmente víctimas en el marco del allanamiento realizado en el edificio de la Av. Estado de Israel 4457, en donde no sólo dañaron sus puertas de ingreso, han sido apuntadas con armas, maniatadas, sufrieron robos de sus pertenencias personales (dinero, celulares, computadoras, cuadros) que nada tiene que ver con la investigación de esta causa, es decir fueron tratadas de manera similar a victimarias. La PROTEX y la Fiscal omitieron todo tipo de asistencia que realmente una supuesta víctima amerita, quedando todas las nombradas en un inmenso estado de vulnerabilidad principalmente sin poder continuar con su labor, con un profundo dolor por todo lo acontecido. No he notado ningún tipo de cuidado, preocupación, inquietud, por el estado de las supuestas víctimas que provenga de los fiscales… ¿si cuentan o no con un sustento económico?, ¿si necesitan asistencia psicológica, ante todos estos sucesos?, ¿cómo se encuentran actualmente de ánimo?, si necesitan algún tipo de ayuda”.

Esto, también, pasa en el Poder Judicial argentino.

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Foto: Archivo internet
Néstor Espósito: @nestoresposito

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