Por Néstor Espósito | La causa por el espionaje ilegal a dirigentes políticos de ambos lados de la grieta, movimientos sociales y eclesiásticos y hasta familiares del ex presidente Mauricio Macri quedó al borde del colapso. No porque el espionaje no hubiera existido sino porque cuestiones de procedimiento amenazan con una nulidad desde el inicio del expediente. Tanto es así que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito para el narcotraficante actualmente detenido Sergio “Verdura” Rodríguez en la causa en la que está imputado por poner una bomba al ex funcionario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Cambiemos José Luis Vila.
Ese hecho fue el que disparó la carambola mediante la cual el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena descubrió las maniobras de espionaje ilegal.
Todo esa documentación que mostró cómo espiaron a Cristina Fernández de Kirchner pero también a una hermana de Macri; a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli pero también al padre Paco Olveira, del movimiento de curas de opción por los pobres, está a punto de quedar en la nada.
De hecho, Martínez de Giorgi ya sobreseyó a todos los ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusados por el montaje de un sistema de espionaje por audio y video en las cárceles para escuchar las conversaciones de los ex funcionarios kirchneristas presos en Ezeiza con sus familiares y hasta con sus propios abogados defensores, lo cual viola flagrantemente la garantía constitucional de la defensa.
“Verdura” Rodríguez es un personaje central en esta historia. Fue él quien declaró ante el juez Villena que había colocado la bomba contra Vila a instancias de un abogado contratado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Por aquella declaración fueron descubiertos grupos de WhatsApp en los que un grupo de espías de un grupo denominado Súper Mario Bross almacenaban toneladas de información de inteligencia ilegal.
Pero “Verdura” Rodríguez ofreció una entrevista telefónica desde la cárcel al programa del periodista Rolando Graña y desmintió aquel reconocimiento inicial. Sostuvo que su declaración había sido “guionada” y que la promesa era liberar a su pareja y a su hijo, presos también por narcotráfico.
El juez Martínez de Giorgi parece haberle creído. “Las dudas instaladas en cuanto a su real participación vuelve indispensable en esta instancia tomar un temperamento expectante en torno al nombrado y disponer al respecto, la realización de distintas medidas de prueba, con el objetivo de corroborar o no la veracidad de sus dichos”, sostiene la “falta de mérito” a favor del “Verdura”.
Entre las medidas de prueba que ordenó el juez para avanzar sobre la eventual responsabilidad (o no) de Rodríguez, Martínez de Giorgi dispuso pedirle “a la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, toda vez que ya se cuenta con múltiples fotografías de Sergio Cristian Rodríguez, realice un estudio comparativo de las características físicas del nombrado, a través de las fotografías aportadas por la Dirección Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de las Personas, así como también del Complejo Penitenciario Federal nro. 1 de Ezeiza y aquella persona que se visualiza en las grabaciones de las cámaras de seguridad obtenidas a partir del hecho”.
¿Por qué ordenó eso? Porque la fisonomía de la persona detectada por las cámaras de seguridad en torno a la casa del ex funcionario Vila no coincide con el porte físico de Rodríguez. O, cuanto menos, no lo parece, porque la imagen es confusa: el rostro está tapado con una bufanda y una gorra. La indumentaria no coincide con la descripta en la declaración que disparó la causa.
La causa se inició el 7 de julio de 2018 “debido al hallazgo de una caja de cartón ubicada en la puerta de acceso al edificio de la Av. Callao 1219 de esta ciudad, que resultaba sospechosa por poseer en su interior lo que parecía ser un artefacto explosivo. También se encontró una nota que decía ‘José Luis Vila Ladrón’. Personal policial y especializado que concurrió al lugar constató que en el interior de dicha caja había otra más pequeña, ambas de cartón, y la última contenía un bloque compactado que parecía ser Trotyl con un aparato de telefonía adosado que simulaba ser un detonador, el cual poseía cables pero no un mecanismo detonador que cerrara el circuito”, explica el expediente.
“Verdura” Rodríguez primero se hizo cargo del hecho –responsabilizando a un abogado/espía- pero ahora lo desconoce. Por la teoría del “fruto del árbol envenenado”, si el hecho que originó la causa es nulo todo lo que deriva de él también lo es. Y ello involucra absolutamente todo el expediente.
Por lo pronto, y por otras razones, ya se cayó el “Legajo 9”, que se vincula con el espionaje en las cárceles. Lo mismo podría ocurrir (aunque no será inmediato) con el resto de los legajos y con el expediente principal. Sólo parece cuestión de tiempo. Judicial, pero también político.
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Imagen principal: Silvia Majdalani, Mauricio Macri, Gustavo Arribas.