Redacción Canal Abierto | “El caso de la niña Arcoiris” es el nombre con el que se conoce la historia de la nena de 6 años cuyo abuso sexual por parte de su abuelo paterno investigaba la periodista Manuela Calvo hasta este domingo. Ese día, el Poder Judicial de La Rioja emitió una orden de allanamiento a su domicilio y secuestró todos sus elementos de trabajo bajo la carátula “desobediencia a la autoridad”.

Dos meses atrás, la comunicadora había sido intimada por la Justicia local para que no se pronunciara sobre el caso, se le ordenó que retirase de las redes sociales todo el material referido al tema, y se le prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, genéricamente, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados.

El hecho cobra sentido en el marco de la advertencia que emiten desde la Campaña por justicia para Arcoiris: “la familia del abusador mantiene vínculos con el poder político de la provincia”.

 

El caso

Arcoiris —nombre ficticio para resguardar su identidad— vive en la ciudad de La Rioja y a los 2 años pudo contarle a su mamá que era abusada por su abuelo paterno, quien actualmente tiene una orden de restricción para con su nieta.

Hace poco más de un mes, la niña le dijo a su mamá que no quería ir más a la casa de su padre porque su padre intentaba revincularla con el abuelo acusado de abuso, lo que fue constatado por la policía técnica judicial. El 20 de abril, la mamá de Arcoiris se presentó ante Asuntos Juveniles para dejar constancia de que su hija “tenía miedo” de ir a la casa paterna, y decidió no enviarla más.

Al incumplir el régimen de visitas establecido, el Poder Judicial riojano emitió un pedido de búsqueda y detención de la mamá de Arcoiris, que pudo ser frenado gracias a la lucha de distintas organizaciones y asociaciones, a una campaña nacional para solicitar a la Justicia que protegiese a la niña, y a la intervención de la Dirección de Acceso a la Justicia y el Ministerio de Seguridad de La Rioja.

El 29 de abril la Justicia consideró que Arcoiris no había sido abusada.

 

La persecución

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja difundieron un comunicado donde indican que el allanamiento a la casa de Calvo se trata de “un claro hecho de censura previa”, en un caso emblemático que involucra los derechos de las infancias.

A los numerosos repudios que recibió esta orden, emitida por la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja —quien autorizó el secuestro de “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”—, acaba de sumarse el de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El organismo rechazó el secuestro de las herramientas de trabajo de la periodista y consideró que la orden judicial “implica un menoscabo al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, y a los derechos comunicacionales de las audiencias, derechos constitucionales garantizados por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

Asimismo, instó a quienes desarrollen tareas en los medios audiovisuales a que “den prioridad a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, no repliquen la violencia que estos puedan haber padecido y propicien coberturas que eviten la revictimización”.

Por su parte, el Círculo de la Comunicación y la Prensa de Córdoba (Cispren) denunció que la persecución judicial contra Calvo “no es un hecho aislado, por el contrario forma parte de una forma de operar del sistema judicial que incumple su obligación de aplicar la perspectiva de género y que abusa de sus herramientas para beneficiar y perpetuar el patriarcado”.

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