Redacción Canal Abierto | Este martes la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley para la creación del servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.

La iniciativa fue presentada el 5 de mayo de este año por el diputado salteño Carlos Zapata, del monobloque Ahora Patria, que integra el interbloque Juntos por el Cambio, y muy allegado al exdiputado nacional Alfredo Olmedo, quien durante su paso por la Cámara de Diputados impulsó iniciativas en el mismo sentido.

La propuesta tiene como objetivo incluir a quienes no trabajan ni estudian, pero el detalle clave es la obligatoriedad para participar del sistema. La misma comprendería a todos los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, y a diferencia del tradicional servicio militar, incluye a varones y mujeres, pero solo aquellos y aquellas que no tengan la posibilidad de estudiar o trabajar. Todas estas personas serán incorporadas a las fuerzas armadas “con la finalidad de contribuir a su desarrollo personal e inclusión laboral”.

En diálogo con Canal Abierto, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata, explicó las fallas técnicas y jurídicas del proyecto, y lo discriminatorio de sus planteos.

 

¿Qué opinión les merece este proyecto?

-El proyecto en sí mismo nos parece una aberración, sobre todo porque en la República Argentina hay una larga tradición de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales que se han dado en estos ámbitos.

Sin ir más lejos, la semana pasada conocíamos el caso del soldado Chirino, asesinado en el marco de un bautismo en Paso de los Libres. También tenemos el caso del soldado Carrasco, que fue un punto de inflexión en relación al Servicio Militar Obligatorio en el país, y todavía tenemos abierta una causa en la que se investigan las torturas cometidas a soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas, y con carácter previo a la guerra con las violaciones, desapariciones de conscriptos y violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas.

Te puede interesar: Impunidad: Anulan los procesamientos a acusados de torturas en Malvinas

Con lo cual, en Argentina, hablar de servicio militar obligatorio es tratar de enterrar toda la conflictividad en términos de violencia y de una lógica marcial que es importante erradicar. Entendemos que es un proyecto regresivo que nos lleva a discutir en términos de estándares las lógicas de desempeño de la ciudadanía por fuera de los pactos y acuerdos democráticos que hemos sabido construir desde 1983 a la fecha, y que tiene como hitos en democracia casos como el del soldado Carrasco. Por eso nos oponemos, y nos parece que además de oponernos porque ideológicamente entendemos que es un modelo de Estado que no queremos, tiene severas inconsistencias y falencias técnicas y metodológicas.

¿Hay posibilidades de que progrese y sea aprobado?

-No le veo mucho futuro a este proyecto. Podrá ser aprobado, pero verdaderamente sería muy fácil frenarlo en la Justicia, primero porque construye segregación social y es un proyecto que en términos de falencias técnicas y jurídicas es profundamente discriminatorio porque hace referencia a la necesidad de cumplir, no con una carga sino con una obligación social a quienes no trabajan ni estudian, utilizando una categoría que de por sí es estigmatizante que es la de jóvenes ‘Ni-Ni’, haciendo referencia a que ni estudian ni trabajan.

Esto es una bestialidad y una burrada en términos de derechos. No se puede hacer segregación social ni destinar a grupos que presuntamente van a tener mayores dificultades de acceso al estudio y al trabajo por su proveniencia social. Aquí estamos hablando de un proyecto que no cumple con un estándar fundamental en materia de derechos humanos que es el respeto al principio de igualdad y no discriminación.

¿Podría decirse que es una propuesta bastante polémica?

-Es un proyecto polémico desde ese sentido, y luego porque construye sobre eso unos imaginarios que son completamente repudiables, y es que aquellos jóvenes que coyunturalmente no se encuentren estudiando o no cuenten con un empleo son en sí mismo un disvalor social. Así los caracteriza este proyecto.

Esto también es una bestialidad, justamente porque proviene de un poder del Estado, y los poderes del Estado tienen que trabajar activamente para promover los derechos, y tanto el trabajo como la educación son derechos que deben ser promovidos por el Estado, con estándares que también debe garantizar.

Entonces, construir un escenario en donde hay un grupo de jóvenes a quienes caracterizan como disvaliosos socialmente a partir de un Estado que no le provee las oportunidades necesarias para que puedan acceder a esos derechos, y castigarlos o imponerles una obligación como una suerte de sanción social encubierta por vía del cumplimiento de un servicio militar obligatorio es una bestialidad en términos jurídicos y de derechos humanos. Y más allá de lo ideológico, entendemos que además tiene severas inconsistencias que podrían ser reprochadas judicialmente.

En ese sentido, ¿qué opinión te merecen dichos como los de Amalia Granata que apoya y propone un proyecto en la misma línea basándose en el modelo de Israel y su calidad de vida?

Pensar que la militarización de la ciudadanía va a implicar mejores condiciones de vida no tiene ningún tipo de sustento. Israel tampoco tiene este sistema, tiene uno que es universal de acceso a la milicia, el servicio militar obligatorio para las y los jóvenes. Pero hay Estados en donde no es obligatorio y que también tienen calidad de vida.

Aquí se construyen falacias en base a imaginarios que tienen que ver con una idea disciplina, pero esa idea de disciplina social omite entender que aquello que se busca disciplinar en verdad son emergentes sociales  que en muchos casos –y por eso este proyecto es puntualmente discriminatorio- no tienen la igualdad de oportunidades en el acceso a derechos.

Creemos que no es necesario someter a la institución castrense ni militar a las personas para que no incurran eventualmente en delitos o adquieran pautas de convivencia. Démosle a las personas igualdad de oportunidades reales, démosle una ciudadanía sustantiva con pleno ejercicio de los derechos humanos, salud, vivienda, educación, vestimenta, acceso a una educación pública de calidad, y vamos a ver cómo todos los estándares e indicadores sociales que hoy legítima y genuinamente pueden preocupar van a ir mejorando.

Por lo cual, opiniones como las de Granata hay que tomarlas en ese marco. Tanto ella como el impulsor del proyecto son personas que construyen desde un sentido común profundamente discriminatorio, y profundamente alejado a cualquier idea de datos estadísticos que permitan sostener que allí hay una salida posible para resolver cualquier problema social.

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico