Redacción Canal Abierto | En horas de la mañana de este miércoles 6 de julio, en San Salvador de Jujuy, se han producido una serie de allanamientos a locales de distintos movimientos sociales y a domicilios particulares de dirigentes populares. Las organizaciones alcanzadas son el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, el MTE y la Tupac Amaru.

“Personal de civil de la policía jujeña ingresó esta mañana en el local del FOL en el barrio Alto Comedero, donde tienen herramientas productivas para los distintos proyectos que llevan adelante. Una vez que se hicieron presentes los compañeros y constataron que era la policía la que estaba llevándose cosas y no querían darles la orden de allanamiento, empezamos a constatar que se estaban dando otros allanamientos”, narra a Canal Abierto la diputada provincial (MC) Natalia Morales, del PTS en el Frente de Izquierda.

En total fueron dieciséis los procedimientos. La orden judicial del fiscal Diego Ignacio Funes detalla las direcciones particulares de once personas y de cinco sedes sociales, y ordena el allanamiento, registro, requisa y “secuestro de los teléfonos celulares de uso o propiedad de los imputados. 2) Todo elemento de almacenamiento de datos (Notebook, PC de escritorio, memorias externas, pen drive, etc.). 3) Cuadernos, documentación referente a los planes Potenciar Trabajo, Acompañamiento, etc.”.

El expediente está caratulado como “Actuaciones iniciadas de oficio por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública” y acusa a los imputados de actuar “bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro de la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva”.

También se desprenden de la lectura de la orden judicial a la que este medio tuvo acceso las tareas de inteligencia hechas previamente sobre el trabajo y la cotidianidad de estas organizaciones comunitarias de larga y reconocida trayectoria.

Los mensajes que desde el oficialismo –con la vicepresidenta Cristina Fernández en primer plano, pero también del propio ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta– y la oposición –en las voces de Javier Milei, José Luis Espert o los cambiemitas Patricia Bullrich, Mauricio Macri y el propio Rodríguez Larreta– se han emitido en medios y actos políticos han abonado estas acciones de una justicia formateada para criminalizar a la pobreza. En el día de ayer, había sido la Corriente Clasista y Combativa en la provincia de Buenos Aires y la capital la atacada por la Justicia Federal.

“La denuncia es grave porque se acusa a las personas que figuran en la orden y a las organizaciones sociales de asociación ilícita, o sea, como si fuesen un grupo de personas que se reúnen para delinquir, y de extorsión. Son dos denuncias y acusaciones muy graves”, explica Morales. “Es una profundización de lo que venimos denunciando, acá en la provincia, de cómo el Poder Judicial es la herramienta de ataque hacia las organizaciones por parte del gobierno de (Gerardo) Morales”.

“Yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, había declarado la vicepresidenta en el acto del Día de la Bandera, en Avellaneda.

“Esos discursos estaban preparando el terreno, señalando que era importante el monopolio por parte del Estado del control de los fondos y estigmatizando a las organizaciones sociales y cómo se organizan. Siempre Gerardo Morales está unos pasitos más adelante que el resto porque, como decimos, Jujuy es el laboratorio de la criminalización de la protesta y esto lo vuelve a reafirmar. Todo lo que se pueda avanzar acá, en la provincia, es un pésimo antecedente para lo que sucede en el país, más aún cuando se están profundizando las políticas de ajuste y el plan del FMI ”, concluyó la ex diputada.

“Acá hay un régimen contravencional que duplica las penas para determinados delitos. Hay doble punitividad para un mismo hecho, es totalmente inconstitucional. Esa ley provincial se votó cuando aún estaba Fellner (gobernador del PJ) pero ya siendo gobernador electo Morales, en un acuerdo entre el radicalismo y el PJ locales, que son socios”, sostiene Santiago Seillant, del Sindicato de Obreros Municipales (SEOM Jujuy), a la vez que señala la gravedad de estos allanamientos. Por estas horas se están dando reuniones para ver qué respuesta unitaria y contundente se da a estos ataques.

Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que agrupa a varios movimientos sociales (CCC, MTE, Evita, FPDS, entre otros) denunciaron el accionar de la justicia jujeña y la campaña de persecución y estigmatización a los movimientos populares.

El Movimiento Popular Nuestramérica Jujuy, el Frente Patria Grande Jujuy y la UTEP denunciaron: “En estos momentos la policía de la provincia de Jujuy allana la casa de nuestro compañero y referente Gonzalo Maurin. El Gobierno de Gerardo Morales junto a su fuerza represiva busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando adelante”.

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