Redacción Canal Abierto | La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advierten al gobernador bonaerense Axel Kicillof que se continúa realizando «una vieja repudiable práctica policial» que dispone que cuando un oficial es sospechado, se resuelve su traslado a otra dependencia donde la comunidad desconoce su potencial peligro.

Lo hicieron a través de un escrito firmado por las autoridades de ambas entidades, entre las que se encuentra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En la carta citaron el caso de Daiana Abregú, la joven asesinada en una comisaría de Laprida, donde los policías sospechados fueron trasladados a Tres Arroyos.

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“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de trasladarle nuestra honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas. Nos referimos a los traslados de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia”, remarcaron en el texto.

Y añadieron: “Es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito. A ello se le suma la lógica desconfianza social que genera en una comunidad alertada la llegada de esos efectivos sobre los que pesa la presunción de haber sido parte de acciones ilegales, desconfianza que conspira contra toda política pública de consolidación de una seguridad democrática a la que aspiramos”.

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En la ejemplificación, mencionaron al comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y al comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio pasado se produjo la muerte de Daiana Abregú.

Para los organismos de derechos humanos, “ambos resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia, y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho. Lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos”.

Y remarcaron: “La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial 13.482, cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia”. En este sentido, solicitaron a Kicillof que “se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada”.

 

Fotos: Mauro Arias – ANRed

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