Redacción Canal Abierto | La segunda autopsia al cuerpo de Daiana Abregú, echó por tierra la versión oficial de suicidio que los agentes policiales de la Comisaría de Laprida quisieron instalar sobre la muerte de la joven en uno de sus calabozos el 5 de junio.

Este domingo, el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, a cargo de la jueza Fabiana San Román, ordenó la detención de cinco policías bonaerenses acusados del homicidio de Daiana. Las detenciones se producen luego de la segunda autopsia realizada hace unos días en la Asesoría Pericial La Plata solicitada por la Comisión por la Memoria (CPM) contra la oposición del Fiscal José Ignacio Calonje.

Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Nuñez, Vanesa Soledad Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Esteban Fuhr fueron detenidos ayer por la tarde en la localidad de Laprida, acusados de ser coautores del asesinato. Se les imputa el delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de su función.

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Esto se produce pocos días después de la nueva autopsia que solicitó la CPM, a cuya realización se opuso y luego dilató el fiscal José Ignacio Calonje. Los resultados de esta examinación, realizada por cuatro médicos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata, resultaron determinantes. Así se expresa en la orden de detención en la que se establece que la muerte de Daiana se produjo como consecuencia de un edema hemorrágico pulmonar, siendo estas conclusiones las que confirman el “hecho delictivo”.

Junto con estos resultados , la Jueza examinó una serie de circunstancias y hechos documentados en la investigación y que conducen a establecer las responsabilidades de los cinco agentes de la policía bonaerense en el asesinato de Daiana Abregú. En consecuencia, la orden desestima completamente la hipótesis del suicidio que se intentó instalar en un primer momento desde la fuerza policial. 

En el escrito, la Jueza cuestiona además el accionar del Ministerio Público Fiscal en la figura del Dr. José Ignacio Calonje al expresar que “resulta escaso el aporte probatorio realizado hasta la fecha” y que “llama la atención su inacción”. Y además agrega: “Tampoco se explica cómo, habiendo existido otros funcionarios policiales que cumplieran sus labores esa fatídica mañana y que, el representante del MPF ha dejado al margen del pedido de coerción, no les haya recibido testimonio, máxime si se tiene en cuenta que algunos de ellos, conforme los libros aportados, pudieron haber tenido contacto directo con la víctima luego de su ingreso a las 7:20 en calidad de contraventora.”

Desde la CPM, que en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura interviene en la causa como particular damnificado, se habían denunciado muchas de las maniobras dilatorias del fiscal Calonje en la causa, especialmente los obstáculos para la realización de la segunda autopsia.

“Frente a este nuevo avance de la causa a la luz de las evidencias, reafirmamos lo que ya dijimos: es indispensable que el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, cumpla con la ley provincial que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, nombrando funcionarios judiciales calificados y comprometidos con una perspectiva de derechos humanos, que intervengan de manera diligente y urgente frente a estos graves delitos cometidos por los funcionarios policiales”, señalaron desde la Comisión Provincial por la Memoria.

 

Foto portada: Lavaca

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