Canal Abierto Radio |La defensa pública realizada por Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a través de un vivo de Youtube despertó debates en torno a la causa en la se investigan porsibles hechos de corrupción en la obra pública durante sus mandatos al frente del Poder Ejecutivo.

También cuestionamientos al accionear de los fiscales que la acusan y los jueces que integran el tribunal. A la aparición de fotos que revelan la relación entre el fiscal Diego Luciani y el juez Francisco Gimenez Uriburu, se sumó la incorporación de pruebas provenientes de otras causas en instancia de alegato.

La no aceptación de la recusación por parte de la defensa de la vicepresidenta ni de que ampliara su indagatoria para recusar la prueba presentada a posteriori de su declaración fueron los detonantes para hacer la exposición a través de su canal de You Tube, dando a entender que la cancha estaba muy inclinada en su contra.

“Es una figura bastante fastasmática la de la asociación ilícita cuando no hay además pruebas concretas en la cual basar un reproche penal. Debemos tener presente que todo este alegato fiscal más que una pieza de conocimiento del expediente, es una pieza de invento retórico construyendo una realidad por fuera de lo que dice y lo que tiene colectado el expediente oficial”, destacó Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, en diálogo con Canal Abierto Radio, afirmando que “cuando se carece de fundamentación, se las inventa”.

Fiscal Diego Luciani.

“En el alegato de los Fiscales no ha habido un solo elemento coherente en lo que han pretendido construir; y el tramo más penoso de esto es que sobre el final quieren incorporar otros expedientes que ya han sido conocidos y fallados en otros procedimientos”, sostuvo el experto indicando que “el tribunal debería haberlos parado y decirles que se refieran al objeto procesal del expediente. Esto no fue así y no por ignorancia de los magistrados, sino porque obviamente tenían que traer algo que pudiera impactar a la opinión pública, por lo que volvieron a revolear las bolsas de López al convento”.

Al respecto, remarcó que “lo que no pudieron explicar los fiscales es de dónde provenía el dinero de esas bolsas y cuál era la posible connivencia del entonces secretario de Obras Públicas y los principales contratistas que precisamente no son sospechables por su afinidad no con el kirchnerismo, sino con el macrismo. Por eso pararon la investigación, pidieron una pena insignificante y dejaron la cosa morir ahí”.

En cuanto a la defensa pública de CFK, señaló: “Detalló con minucia las transcripciones de conversaciones telefónicas de funcionarios corruptos y empresarios corruptores de la obra pública para que se supiera hacia qué lado debería haberse rumbeado la investigación si realmente hubiera querido combatir la corrupción”.

Y manifestó: “Esto pone en evidencia ante el pueblo que los fiscales y jueces son invidentes frente a aquello que se les presenta como la más clara violación al deber de bien obrar en materia de obra pública. Sin embargo, pretenden acusar y de alguna manera encadenar a la entonces presidenta a los hechos de su retórica y no a las pruebas colectadas en el expediente”.

Para el abogado, “esa prueba debió haber tipificado tanto para fiscales y jueces la obligación inmediata de poner esas declaraciones, llamados y chats telefónicos en conocimiento de autoridad judicial por la evidencia fuerte que tienen de un obrar delictivo pero no hicieron nada”. Justamente esa inacción para investigar la relación con empresarios macristas “demuestra la parcialidad de este juicio”, aseguró Barcesat.

“Si fueran Tribunales normales podría hacer un juicio de valor y predicción con cierta certeza, pero en este caso nada se puede esperar porque además estuvieron implicados en resucitar esta causa que ya estaba en cierre”, finalizó.

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