Por Néstor Espósito | El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de esclarecimiento de la muerte de un oficial de la Prefectura Naval Argentina cuyo cuerpo apareció flotando en aguas del Río de la Plata días después de que pidiera autorización para contraer matrimonio con otro integrante de esa fuerza.  Se trata de Octavio Romero, quien iba a ser el primer integrante de la Prefectura Naval en casarse con alguien de su mismo sexo. En un ambiente fuertemente machista, su inclinación sexual y su militancia por la reivindicación de sus derechos le valieron infinidad de hostilidades y persecuciones.

Romero se desempeñaba como suboficial 1° de la Prefectura y fue visto por última vez el 11 de junio de 2011. Planeaba contraer matrimonio con Gabriel Gersbach y había pedido permiso para eso. Por anacrónico que parezca, por aquel entonces la autorización de la fuerza era un requisito para concretar la boda.

Romero iba a encontrarse con amigos, pero apareció desnudo, golpeado y flotando a la altura de la localidad bonaerense de Olivos seis días más tarde. La autopsia concluyó que murió por “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”.

Todo apuntaba a un homicidio por odio por su condición de homosexual. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Estela Andrades, hoy ya jubilada, y del juez de instrucción Juan Ramos Padilla, hoy en un tribunal oral criminal. Chocaron una y otra vez con un frontón de encubrimiento y la causa nunca avanzó. Aún hoy permanece abierta, en manos del juez Alfredo Godoy. El crimen nunca se esclareció.

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Ante la falta de respuestas a nivel local, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad llevaron el caso en 2012 ante organismos internacionales. El expediente recayó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo declaró “admisible” y comenzó a desandar el camino de la impunidad.

Esta semana, la Argentina reconoció su responsabilidad por la falta de Justicia. Y admitió que se trató de un crimen de odio basado en la orientación sexual. En el marco de un acuerdo de “solución amistosa” –una modalidad que zanja el reclamo antes de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- “el Estado reconoce su responsabilidad por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente a la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, comprometiéndose a brindar, de aquí en adelante, todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la causa.

Además, se obliga a adoptar una serie de medidas de reparación simbólica, tales como la producción de un documental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad y la realización de un mural en memoria de Octavio”, informó la ACIJ.

¿Qué más? El Estado se comprometió a “impulsar acciones para evitar la reiteración de estos hechos”. Para ello, el Ministerio de Seguridad elaborará un protocolo para canalizar denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género. Y la tolerancia y el respeto por las preferencias sexuales será norma en la formación de cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales.

El acuerdo amistoso fue anunciado oficialmente por la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.  El Estado argentino reconoció su responsabilidad ante la CIDH por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente en materia de violencia por motivos de género.

El acuerdo abunda en la ampliación de derechos del colectivo LGBTI+. Pero, por sobre todo, apunta a romper con el estereotipo instalado en las fuerzas de seguridad que segrega, discrimina, agreda y (como en este caso) mata por odio sexual.

A Romero le fueron violados los derechos a la vida e integridad personal. Y tampoco él encontró en el Poder Judicial una respuesta adecuada a ninguno de sus derechos, especialmente al de la vida, el principal bien jurídico protegido por la ley.

“Pese al avance que representa la suscripción de este acuerdo, continuamos exigiendo al sistema de justicia que garantice una investigación penal eficaz, transparente y con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad que permita esclarecer lo sucedido y sancionar a sus responsables”, proclamó la ACIJ.

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Foto principal: Agencia Presentes (Octavio Romero a la izquierda de la imagen)
Néstor Espósito: @nestoresposito

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