Canal Abierto Radio | La vicepresidenta Cristina Fernández realizó su defensa en la instancia de alegatos del juicio conocido como Vialidad y refirió a la proliferación de discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación, y la posibilidad de regularlos.
“El fenómeno de los medios y redes sociales, si bien no es novedoso, vamos conociendo con el correr de los años su alcance en profundidad. Hay que analizar cómo funcionan los algoritmos y las dinámicas de circulación de los mensajes al interior de esas plataformas”, indicó Jerónimo Guerrero Iraola, abogado especialista en derechos humanos e informática, en diálogo con Canal Abierto Radio.
Asimismo, destacó que “pensar una regulación desde el Estado Nacional es, a priori, una utopía porque no creo que se pueda resolver con una legislación local” ya que “las dimensiones más riesgosas desde lo jurídico ya están previstas por la legislación, como la Incitación al odio, la Ley antidiscriminatoria, la apología del delito, ya están sancionados pero el tema tiene que ver cómo funcionan los medios sociales y cómo van generando las condiciones de proliferación de esos discursos, los caldos de cultivos”.
“Creo que los Estados son insuficientes y que esto debería motivar una discusión en instancias internacionales en el seno de debates universales para pensar una herramienta jurídica que tienda a proteger la libertad de expresión como un derecho humano y resguardar la circulación de discursos de odio además de mitigar el trivialismo en medios sociales que acrecientan esos sesgos y prejuicios a través de lo que el algoritmo determina que nos gusta”, sostuvo Guerrero Iraola, que además es director de Coordinación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y abogado del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas.
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“Lo que nos falta es un debate como sociedad sobre qué expectativas estamos poniendo como desarrollo de nuestras vidas en los medios sociales teniendo en cuenta que está comprobado que pasamos alrededor de ocho horas conectados a Internet y los múltiples dispositivos que tenemos a disposición”, señaló, destacando que “el problema está en que no estamos tomando la dimensión en los debates públicos de la incidencia de Internet”.
“Hay que habilitar más información sobre cómo funcionan estos medios sociales y para saber cómo nos movemos ahí porque Internet ya es un plano más de nuestra existencia por lo que hay que empezar a forjar las reglas democráticas institucionales al interior de esos campos y territorios de disputa”, subrayó.
Por otra parte, el experto refirió al alegato de Cristina Kirchner como su propia representante en el juicio que la acusa de liderar una “asociación ilícita” en la obra pública de Santa Cruz: “Fue muy sólido el alegato de la vicepresidenta sobre todo en lo que concierne a la explicación de cómo funciona el Estado desde el derechos administrativo y por qué desde ese lugar es insostenible la idea de la ‘asociación ilícita’ como figura penal porque cuestionar la idea de asociación ilícita implicaría dar por tierra toda la estructuración jurídica, burocrática y administrativa de los Estados, por lo que avanzar con este criterio a mi juicio es perverso, anticonstitucional y antijurídico”.
“Hay cosas que son muy arbitrarias pero hay que poner las cosas en su debido lugar, yo creo que el alegato de Luciani sobre todo ha sido parte de una estrategia de persecución judicial, pero todavía queda conocer el veredicto y la sentencia”, advirtió.
“Como Cristina, -agregó Iraola- creo que la sentencia ya está escrita de antemano, pero entiendo que hay mucha tela para cortar y para pelear este caso en los fueros internacionales porque aquí se han avasallado todas las garantías procesales y se está construyendo un ‘derecho penal de autor’, lo que se refiere a un derecho penal en el que toda la legislación, garantías y demás quedan suprimidas en pos de perseguir y condenar a quien de antemano ya se sabe que debe estar condenado”.
“Hay un estado de supresión de garantías muy grande en perjuicio de Cristina Fernández de Kirchner”, aseguró, remarcando que “con el debido proceso actuando como un paragolpe de constitucionalidad e institucionalidad, este juicio debería haberse caído”, finalizó.
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Ilustración: Marcelo Spotti