Redacción Canal Abierto | Referentes políticos, sindicales, sociales y de derechos humanos preparan los informes sobre el relevamiento y las entrevistas que realizaron durante los últimos días en Bariloche, en el marco del conflicto por las tierras originarias en Villa Mascardi y el reclamo por las detenidas de la comunidad mapuche.
Miembros de la APDH La Matanza, la CTA Autónoma, el Espacio Socioambiental Intercuencas, el CeProDH y diputados del FIT Unidad estuvieron desde el fin de semana en Río Negro y mantuvieron reuniones con miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu, con las mujeres presas, los abogados defensores y autoridades provinciales y locales exigiendo la desmilitarización de los territorios.
“Lo primero que hicimos fue encontrarnos con la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche, el CoDeCI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) e integrantes de la comunidad, para acercarles nuestra solidaridad y contarles cuál era el motivo de la visita, y con la intensión de conocer en profundidad los detalles del conflicto y acordar vías de acción para encontrar una salida”, cuenta a Canal Abierto María José Cano, directora del departamento Derecho de los Pueblos de ATE Nacional y la CTA Autónoma, integrante de la comitiva, que aun se encuentra en Bariloche.
También integran el grupo Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Miriam Liempe de CTA Autónoma, Leonardo Pérez Esquivel del Espacio Intercuencas, Matías Aufieri del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Andrés Blanco, diputado del FIT por Neuquén y Alejandro Vilca diputado nacional del FIT Unidad e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de dicha cámara.
“Es preocupante la escalada de violencia que se está dando en el territorio, las decisiones del Poder Judicial y del Ejecutivo provincial y nacional no ayudan a desactivar ese nivel de violencia, el hecho de que sigan detenidas las hermanas mapuche y la machi, en domiciliaria y en la PSA, que siga militarizado el territorio con el Comando Unificado y que no haya una apertura real y concreta al diálogo no ayuda a poder pensar en desescalar la violencia”, agregó la dirigente.
“El mensaje de la delegación con la jueza, la fiscal y con el intendente –continuó- fue manifestar nuestra preocupación y la posibilidad de que puedan general un diálogo con funcionarios de rango nacional que tengan poder de decisión y voluntad de avanzar en la resolución de conflicto de Mascardi y todas las comunidades de Río Negro”.
La comitiva mantuvo audiencias con Silvina Domínguez, jueza subrogante en la causa, con la fiscal Cándida Echtepare, y con el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso.
Sin embargo, la comunidad mapuche exige sentarse a discutir con autoridades nacionales que tengan poder de resolución, y por eso rechazaron la última convocatoria oficial del gobierno de Río Negro explicando que “no son las condiciones necesarias para el diálogo y la solución de un conflicto” y advirtiendo: “Prestarnos al juego de una foto con una representación del Estado sin ningún tipo de poder de decisión, es una vez más no tomar dimensión del conflicto político y social que atravesamos, por ello es necesario rechazar esta instancia de diálogo, porque los representantes que envía el gobierno carecen de autoridad política para afrontar este conflicto.
En el mismo sentido se manifestó la comisión de derechos humanos. “En las visitas a las hermanas mapuche pudimos escuchar de primera mano los testimonios de la represión, el desalojo, la aprehensión con los niños, el maltrato, el no respeto a la espiritualidad y la violación de sus derechos y garantías procesales y todo eso irá incluido en un informe que presentaremos ante autoridades nacionales”, contó Cano.
“Lo que subyace es la decisión de no discutir la extranjerización de la tierra en Río Negro, porque estamos hablando de un conflicto en el que no son más de 30 hectáreas cuando Lewis tiene 12 mil y un lago, y Benetton tiene un millón, con lo cual es imperioso que el campo popular tome conocimiento de este conflicto, que no es un ‘conflicto mapuche’, sino que es un conflicto por la tierra en el cual Mascardi es el emergente de no haber tomado definiciones”, señaló.
El grupo de referentes políticos, sindicales y sociales visitó a las presas de la comunidad, algunas de las cuales se encuentran con prisión domiciliaria mientras que otras siguen detenidas en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“Entre ellas estaba Romina –cuanta la dirigente estatal- que es la embarazada que dio a luz el domingo a una nena. La situación de las seis se estará definiendo el próximo lunes y continúa el secreto de sumario, por eso hay muchos detalles que son desconocidos hasta por los abogados defensores”.
“Uno de los pedidos que surgieron en el marco de la reunión con la Coordinadora es que se respete y se cuide el rewe, sabiendo que las topadoras estaban demoliendo todo lo que había a su paso, eso fue garantizado por la jueza y la fiscal. Intentamos llegar a Mascardi pero los retenes nos lo impidieron, aunque está la posibilidad de volver en unos días como veedores, esperamos que eso se cumpla y se respete el sitio sagrado del pueblo mapuche”, concluyó María José Cano.
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