Redacción Canal Abierto | La medicación recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar la interrupción de un embarazo es el misoprostol combinado con mifepristona. Ambos forman parte -desde el 2005- del listado de medicamentos esenciales por haberse demostrado su eficacia y perfil de seguridad para un tratamiento seguro. Esta información está certificada por organismos internacionales tales como la OMS, la FLAGSO, y la FIGO.

En Argentina la mifepristona no se encuentra disponible ya que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) no la ha registrado en sus nóminas. En cuanto al misoprostol, en octubre del año pasado, la ANMAT autorizó a través de la disposición 946/2018 la venta bajo receta en farmacias comerciales de todo el país del Misop 200. Son envases con doce comprimidos vaginales, la cantidad necesaria para interrumpir la gestación sin ninguna otra droga combinada.

Hasta ese momento sólo se conseguía en las farmacias a través de un medicamento comercialmente conocido como Oxaprost,  fabricado por Laboratorios Beta. Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) denunciaron el negocio que circula en la industria farmacéutica.

“Venden una caja de 16 comprimidos de misoprostol a más de$ 2.700 y generan al año unos $1.235 millones con un medicamento aprobado para el dolor, pero que se usa como abortivo”, señaló Marcelo Peretta, titular del SAFyB.

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Mientras el Congreso sigue negando la ley de aborto legal, seguro y gratuito, hay estudios que demuestran que esta práctica mueve unos $15 mil millones al año en la Argentina, producto de unas 500 mil mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios clandestinos.

“Cada aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de $30.000, entre insumos y honorarios de los profesionales de la salud, que pueden ser médicos, enfermeros o farmacéuticos. Ese es el negocio del aborto clandestino”, sentenció Peretta.

Y agregó: “A ese número deben sumarse más de mil millones de pesos derivados de la industria farmacéutica por la compra de Oxaprost, autorizado como antirreumático y antiinflamatorio, pero utilizado como método abortivo.

A pesar que desde el año 2015, existe el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación, sólo 8 las provincias que suscriben a lo dispuesto. Además, presentan muchas dificultades en la provisión del medicamento y la capacitación adecuada de los y las profesionales.

“En este escenario de Estado ausente, el aborto inseguro continúa siendo la principal causa de muerte en personas con capacidad de gestar. Aproximadamente 50 mujeres mueren por año y otras tantas sufren complicaciones tales como histerectomías, incontinencia urinaria, fistulas y otras que limitan su capacidad reproductiva, su sexualidad, su producción subjetiva, su desarrollo laboral, todo lo que concierne a la calidad de vida de un ser humano”, explicó Celeste Alarcón Loizaga, médica generalista integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir.

Por su parte, desde el SAFyB expresaron: “En nuestro país reina la clandestinidad. Por internet crece un mercado negro que enseña a terminar embarazos y ofrece las pastillas para hacerlo. Esto produce 105 mil jóvenes desangradas en las guardias hospitalarias y fallecidas cada año. El Estado no resuelve el problema, pero gasta $17.000 millones anuales para atender sus consecuencias”.

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