Por Gladys Stagno | Desde el primer día en que le tomaron testimonio, la China sostiene que no sabía, que no lo vio.

Como siempre que menstrúa tiene grandes hemorragias —han llegado a tener que transfundirla—, ese 15 de diciembre de 2020 hizo lo que hacía cada mes: juntó todo y lo tiró. Tratando de no mirar, porque a la China la sangre la impresiona.

Y, como hacía cada mes, utilizó durante esos días sábanas viejas y ropa interior que no extrañase por si la hemorragia era tan incontenible que las estropeaba y había que desecharlas.

Esa vez, la sangre que perdió fue tanta que manchó todo y la dejó débil. Se bañó como pudo y, de reojo, recogió eso que le pareció un gran coágulo, lo metió con sábanas y ropa interior en una bolsa, y la descartó a la vuelta de su casa. Como hacía cada mes. No quería que sus hijos vieran el bulto ensangrentado y se impresionaran igual que ella.

Porque la China, que es contadora y venezolana, vivía desde hacía un tiempo en Buenos Aires en un departamento de dos ambientes, junto con su marido y sus dos hijos, uno de ellos con una discapacidad. Pero ese 15 de diciembre estaba sola, trabajando remoto y engordando “como todo el mundo en pandemia”, según creía.

Más tarde, ese mismo día, alguien que revolvía la basura encontró la bolsa con sangre y vio lo que en realidad era: un feto, coágulos y placenta. Llamó a un gendarme y comenzó la investigación que desde entonces la mantiene presa en el penal de Ezeiza por homicidio agravado por el vínculo.

“La acusación le reprocha que no haya llevado al niño a recibir atención médica, porque la causa de la muerte del feto, según la autopsia, es una enfermedad placentaria. Pero para ir en busca de atención tenés que saber que ahí había un bebé. Ella seguía menstruando y no notó cambios significativos en su cuerpo”, explica Indiana Guereño, abogada y directora del Observatorio de la Asociación de Pensamiento Penal (APP), organización que sigue el caso.

 

Sin contradicciones

En las tres jornadas que lleva el juicio los testimonios de distintos declarantes fueron confirmando la historia de la China, cuya identidad se mantiene en el anonimato para protegerla.

“Ella sostiene hasta el cansancio no haber sabido que estaba embarazada. Es algo típico en personas inocentes: siempre declaran lo mismo, sin contradicciones”, asegura Guereño.

En el mismo sentido se pronunciaron los dos médicos venezolanos que la atendieron en su país natal años atrás, por sendas emergencias obstétricas. En una de ellas, explicaron, la China tuvo un aborto espontáneo hemorrágico y en otra sufrió la pérdida de un embarazo luego de que llegara con fuertes dolores y pérdidas y le practicaran una cesárea de urgencia en la que comprobaron que el feto estaba muerto.

“El médico explicó que la causa de la muerte de ese feto fue una fibromatosis uterina junto con ovarios poliquísticos, que son sus patologías de base. Y es lo mismo que le pasó acá”, detalla la abogada.

Según los médicos locales, la China tuvo un desprendimiento de placenta. De acuerdo con el forense que realizó la autopsia se trataba, estimativamente, de un embarazo a término. En tanto, el obstetra venezolano que le practicó la cesárea en el pasado declaró en la audiencia de ayer que el feto que extrajo muerto del cuerpo de la China tenía 30 semanas de gestación y pesaba lo mismo que el de 2020. Todos los doctores confirmaron que los coágulos que ella despide en una menstruación regular pueden llegar a ser tan grandes que se confundirían fácilmente con la cabeza de un feto de ese tamaño. 

También quedó claro que no pudo escucharlo llorar: no estaba vivo. 

Su hijo y su marido, por su parte, corroboraron su rutina mensual de deshacerse de sábanas y ropa manchadas y tirarlas lejos de su casa.

 “Hay mucha prueba que avala que corresponde la absolución. Esto se tiene que terminar ahora con ella absuelta”, afirma Guereño.

 

Mientras espera

Pese a todo, la China espera la próxima audiencia del 28 de noviembre desde el penal de Ezeiza, luego de que no le otorgaran la opción de esperar su juicio en libertad, ni la prisión domiciliaria que le hubiera correspondido por ser madre de un menor con discapacidad. También enfrenta la posibilidad de una condena a prisión perpetua.

Su caso no es el único: más veces de las imaginables el sistema judicial transforma a las emergencias obstétricas en hecho policiales. Desde el feminismo, el reclamo por una justicia con perspectiva de género incluye estas historias.

Como agravante, en una de las audiencias su marido atestiguó que el allanamiento de la policía en su domicilio fue sumamente violento, y puso especial énfasis en cómo los trataron por ser venezolanos. 

Por su parte, en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) destaca que “la condición migratoria es un factor que incrementa el riesgo para las mujeres” gracias a “todos los obstáculos sociales e institucionales que impiden el acceso a la justicia y a otros derechos” y, en parte, a “las prácticas discriminatorias de los organismos del Estado”.

 

Foto de portada: El Ciudadano