Redacción Canal Abierto | Jueces federales, directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.

Los chats del escándalo trascendieron durante este fin de semana a través de artículos periodísticos de El Cohete a la Luna y Tiempo Argentino. Estos se basaron en la filtración realizada por un hacker (https://breached.vc) a la supuesta línea de celular del ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, uno de los participantes del grupo de mensajes.

En el intercambio de chats se distinguen audios de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal); el procurador de CABA Juan Batista Mahiques; el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey; el CEO del multimedios, Jorge Rendo; y Marcelo D’Alessandro.

En medio de otras barbaridades, los mensajes exponen una cadena de artimañas que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas sobre el viaje a Lago Escondido de los jueces y funcionarios del PRO concretado el jueves 13 de octubre tras ser revelado por una edición de Página/12 al respecto.

Legitimidad y denuncias

En la mañana de este lunes, D’Alessandro utilizó sus redes sociales para defenderse, aduciendo que se trata de “una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa” por parte de la “mafia kirchnerista”. Al mismo tiempo expresó que realizará una denuncia penal.

“Si D’Alessandro va a iniciar una denuncia penal por el hackeo de su teléfono, eso supone un problema para él. Porque si lo hace es reconocer que la información es verídica, que ese es su teléfono y que las filtraciones no fueron inventadas. Y esto generaría una crisis política importante”, sostuvo Beatriz Busaniche, especialista en seguridad informática e integrante de la Fundación Vía Libre, consultada por Canal Abierto.

La legalidad o no de estos documentos como valor probatorio lo determinará un tribunal, en caso de llegar a la Justicia, que también deberá establecer si hay o no una eventual comisión de delito por parte de los involucrados en la conversación, como señalaron también desde la redacción de El Cohete a la Luna al analizar los intercambios.

Un hackeo al ministro de Seguridad

La red utilizada para el intercambio de estos mensajes fue Telegram. “Esa aplicación no es para nada segura. Es una vergüenza que comunicaciones de este tipo se hagan por un canal tan inseguro y que alguien con las responsabilidades de D’Alessandro tenga estos niveles paupérrimos de seguridad y comunicaciones es impresionante”, agregó Busaniche.

Según explica la especialista, en materia de seguridad no hay aplicación de comunicaciones que sea 100% segura o no hackeable. “Sí hay otros resguardos, como la autoeliminación de mensajes, que cualquier persona mínimamente responsable en materia de seguridad debería saber usar. No parece ser el caso de D’Alessandro, si es que efectivamente este es su teléfono. Si es así, es increíble y abrumador el nivel de negligencia de un funcionario de seguridad en esos temas, teniendo en cuenta que maneja la seguridad de todos los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo la experta.

El interés público

Si bien el material obtenido por los medios es producto de un hackeo -una intromisión en la privacidad de los involucrados-, el principio de Interés Público planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina habilita su difusión al tratarse justamente de funcionarios y personas públicas en una causa de interés para el Estado.

Si bien el material obtenido por los medios es producto de un hackeo, una intromisión en la privacidad de esos funcionarios públicos y hombres de negocios con el Estado, el principio de Interés Público planteado por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina habilita su difusión.

“Podemos hablar del interés público evidente porque en la filtración no se involucró a nadie ajeno a la función pública ni se publicaron chats de tinte privado o personal. Todas las personas involucradas en la filtración son personas de interés público. No hay delito en la publicación ni acto ilegítimo por parte de los periodistas que lo publicaron”, aclaró Busaniche.

Y añadió: “Después de esto se puede empezar a hablar de la legalidad o no de estos documentos como valor probatorio para un tribunal. Porque una cosa es el valor periodístico de una prueba y otra es el valor penal”.

Al mismo tiempo, destacó: “De confirmarse como real, deberían estar las renuncias de toda esta gente porque esto es gravísimo para el sistema democrático. Los magistrados deberían ser la garantía final del cumplimiento de las pautas republicanas y democráticas y el tenor de lo que se lee demuestra que no están a la altura. Más allá de que haya causas en la Justicia o no, esto es un escándalo lo suficientemente grave como para que ningún medio de comunicación tenga margen a taparlo”.

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