Redacción Canal Abierto | La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT, junto a la colectividad peruana en la Argentina, entregaron el jueves una carta en la embajada en Buenos Aires en la que expresan su profunda preocupación por la situación “del Estado de derecho en Perú y la integridad física del presidente Pedro Castillo”.

Las tres centrales sindicales de Argentina repudiaron la instauración del “Estado de Emergencia” y la presencia “en las calles de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, que –según escribieron- retrotraen a los momentos más oscuros de la historia de esta Patria Grande”. Por todo eso, exigieron “el respeto al derecho a la protesta social pacífica” y condenaron “el uso de la represión por parte de las fuerzas de seguridad”.

En la carta denuncian que la “violenta represión estatal tiene como resultado múltiples asesinatos, violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias de manifestantes, abusos sexuales y persecución a dirigentes sociales y sindicales con la finalidad de darle ficticia estabilidad al gobierno que asumieron en alianza el 7 de diciembre”. Hasta el momento, unas 30 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas callejeras contra el régimen de la presidenta designada, Dina Boluarte.

Desde la asunción del presidente Pedro Castillo hemos visto con gran intranquilidad como un sector radical del Congreso de la República, los medios hegemónicos y sectores del Poder Judicial han socavado la gobernabilidad debilitando el orden constitucional, interrumpido el 7 de diciembre por decisión ilegítima del Congreso Nacional mediante la declaración de vacancia del presidente legítimo Pedro Castillo”, señala uno de los párrafos de la misiva.

Las organizaciones firmantes también defendieron el derecho del pueblo peruano a “protestar legítimamente exigiendo la restitución del presidente Pedro Castillo, quien representa la voluntad popular”, a la vez que repudiaron “la persecución contra dirigentes políticos, sindicales, periodistas y comunicadores de la prensa alternativa”.

En tal sentido, reafirmaron que “el derecho a la protesta, la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser garantizado siempre por los distintos gobiernos de nuestra región”.

Agregaron que “no existe en estos momentos en el Perú, garantías para la vida de los ciudadanos” que “se oponen a estas medidas antidemocráticas que no respetan la voluntad popular”, por lo que hicieron un llamamiento a “detener la ola de violencia”.

Por último, las tres centrales obreras y la comunidad peruana en la Argentina expresaron la solidaridad con “los reclamos para que el gobierno interino convoque de forma urgente a una asamblea constituyente y a elecciones generales para restablecer la institucionalidad democrática”.

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