Redacción Canal Abierto | El Gobierno convocó al Congreso a entrar en sesiones extraordinarias durante la segunda quincena de enero para debatir el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado por el presidente Alberto Fernández.

Lo anunció esta mañana el Ejecutivo a través de su vocera, Gabriela Cerruti, quien sostuvo que la convocatoria, que saldrá oficialmente la semana que viene, está fundamentada en la conducta “arbitraria” de la Corte que “complica con sus fallos la vida de la gente”, aunque también servirá para que se traten proyectos relacionados con la economía.

El pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda —que se decidió luego de que se conociera su fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con Nación por la coparticipación, y de la filtración de chats entre el vocero del presidente de la Corte y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro— los acusa de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

En paralelo al anuncio, el Presidente participó de un acto en Mar del Plata donde presentó la extensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a niños y adolescentes sin cuidados parentales, en el que aprovechó para manifestar que hoy Argentina es un país “en el que los únicos privilegiados son los jueces”.

 

El asunto de los gobernadores

Junto con el Presidente, y en un acto sin precedentes en la historia argentina, doce gobernadores decidieron impulsar el juicio político en forma conjunta, luego de una reunión que tuvo lugar este martes en Casa Rosada. De la misma participaron Jorge Capitanich (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Otros gobernadores se sumaron a la reunión vía teleconferencia, y que apoyaban la iniciativa que salió firmada también por Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Sin embargo, Cerruti aclaró hoy que Bordet “cambió su posición”. “Participó de la reunión y anticipó su apoyo al pedido de juicio político, motivo por el cual fue incluido en el comunicado. Luego se arrepintió y cambió su posición. La mayoría de los gobernadores comparte la preocupación por el accionar de la Corte”, aseguró la portavoz de la Presidencia en la conferencia de prensa de este jueves en Casa Rosada.

Por su parte, el diputado nacional sanjuanino José Luis Gioja sostuvo en declaraciones radiales que los gobernadores que apoyan el juicio a la Corte «defienden los recursos de sus provincias” y que quienes no lo hicieron “ponen otros intereses por delante de los de su gente”.

En específico, citó el caso del gobernador de su provincia, Sergio Uñac, quien no acompañó el documento consensuado. “No vaya a ser que algún interés particular o personal del gobernador esté influyendo en la decisión que tomó sobre la defensa del conjunto del pueblo de San Juan”, sostuvo en declaraciones a AM750. Y recordó que Uñac planea candidatearse a una reelección que la Constitución provincial no autorizaría porque contabiliza su vicegobernación anterior como un mandato. Probablemente, deba recurrir a la Corte para que ésta defina su situación.

Los vicegobernadores de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa también respaldaron el juicio, al igual que los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM).

 

Los fundamentos y el proceso

Desde Diputados, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard —a quien Alberto Fernández le entregó el pedido este miércoles—, indicó que el Presidente solicitó que la Cámara baja le diera un “pronto tratamiento legislativo”.

También explicó que una vez que ingrese el proyecto, la Comisión podrá votar el dictamen y comenzar a sesionar aún sin reunir el quórum, ya que sólo se necesita mayoría simple (16, de los 31 miembros). Para reunirla, el Frente de Todos cuenta con los votos suficientes por sí mismo.

En las 36 páginas del proyecto, los mandatarios aseguran, entre otras cuestiones, que hubo un “asalto al Consejo de la Magistratura” por parte de la Corte, que decidió “arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado (Ley 24.937), afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional”.

De esta manera, al declarar inconstitucional la Ley 26.080 —vigente de 2006 a 2021—, el Supremo Tribunal habría avanzado “sobre las facultades de otro Poder del Estado, generando un desequilibrio institucional de claras consecuencias: la toma por asalto de un órgano constitucional, que a partir de la aplicación de ese fallo pasaría a ser presidido por uno de los miembros que lo firmó”.

Además le atribuyen “clara intencionalidad política” a esa decisión, que se dictó “apenas diez días después de que el Poder Ejecutivo Nacional remitiese un proyecto de ley al Congreso de la Nación sobre la integración del Consejo de la Magistratura”.

Foto: Sebastián Granata

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