Redacción Canal Abierto | A fines de noviembre del año pasado se filtró la noticia de que el barco BGP Prospector -el elegido por la empresa noruega Equinor para realizar exploraciones sísmicas en el Mar Argentino- cambiaba su destino y en vez de recalar en Argentina, como estaba previsto, redirigía su curso hacia las costas de Surinam.
Todo parecía indicar que se trataba de la marcha atrás definitiva de un proyecto que contaba con el aval del gobierno nacional, el rechazo de buena parte de los vecinos de las ciudades de la costa atlántica y una cautelar vigente que alertaba sobre los riesgos de la iniciativa.
Sin embargo, en plena feria judicial, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dio un nuevo giro al asunto e hizo lugar a un reclamo de la empresa que terminó por voltear la medida preventiva y habilitó la exploración a manos de Equinor e YPF a tan sólo 300 kilómetros de las costas bonaerenses.
En respuesta, los colectivos ambientalistas -entre ellos Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)- anticiparon que interpondrán un recurso de queja ante la Corte Suprema para que esta revierta la decisión de la Cámara. En diálogo con Canal Abierto también plantearon que de no obtener una respuesta favorable, llevarán el caso a ámbitos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo cierto es que la iniciativa avanza a paso firme en un momento de fuertes debates en torno a los impactos ambientales y las licencias sociales frente a diferentes emprendimientos extractivistas. Sin ir más lejos, organizaciones y activistas se concentraron hace tan sólo unos días en la Rambla de los Lobos, Mar del Plata, para rechazar la exploración petrolera offshore que hoy amenaza a sus principales industrias, la pesquera y la turística.
Alertas y riesgos
El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México, sufrió una explosión que mató a 11 trabajadores. Casi tres meses tardaron en sellar el pozo desde donde salían sin control más de 50 mil barriles de crudo diarios. En total, se calcula que se derramaron unos 795 millones de litros.
En 2014 la Justicia estadounidense repartió responsabilidades entre las operadoras de la plataforma, British Petroleum (BP) y Transocean, y la firma encargada de asegurar con cemento el pozo de extracción, Halliburton. Según el por entonces fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, la sentencia iba a servir para “disuadir a cualquiera que tenga la tentación de sacrificar la seguridad y el medio ambiente a cambio de ganancias”.
A más de una década del peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y el más grave derrame de crudo del mundo, el Golfo de México cuenta con más de 2.000 plataformas petrolíferas, miles de kilómetros de oleoductos y –según un informe de la Universidad del Sur de la Florida- cerca de un 40% menos de biodiversidad marina.
Este y otros antecedentes son los que pareció ignorar el Gobierno argentinos al rubricar el decreto 870/2021 que autoriza a la empresa noruega Equinor a explotar la zona de Mar del Plata. También elije desconocer información científica más cercana aún, como que revela el informe de la Universidad Nacional del Centro, el cual como inevitable –con probabilidades cercanas al 100%- los derrames en la plataforma marítima argentina.
Apenas se hizo pública la resolución, el tema se volvió tendencia en las redes sociales y cosechó el rechazo de colectivos ambientales y asambleas ciudadanas. El repudio incluso alcanzó a las cámaras pesqueras, quienes pusieron el grito en el cielo por tratarse este del principal corredor biológico del Mar Argentino, una zona muy productiva y rica donde muchas de las especies que proveen a la industria se alimentan y a reproducen.
Por su parte, voceros de la empresa explicaron que en aguas nacionales se utilizarán las mismas tecnologías que en otros puntos del mundo y que los niveles de seguridad de las operaciones, por su complejidad, son muchos mas altos que en el on shore. Sin embargo, las explicaciones de la firma contrastan con las alertas de los especialistas. “Derrames de esta naturaleza, cuando suceden, son casi imposibles de contener; de hecho, hay estudios a nivel global que calculan que sólo se pudieron resolver un 10% de los accidentes off shore”, detalló a Canal Abierto la coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino de Greenpeace, Luisina Vueso.
En este sentido, la integrante de Greenpeace puntualizó en las contradicciones de “un Gobierno que reivindica banderas ambientales y participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (más conocida como COP26º) y a la vez habilita estas explotaciones o promueve una ley de hidrocarburos o deja caer la Ley de Humedales. Se trata de un patrón que venimos viendo cada vez más seguido: dicen una cosa pero después accionan otra, siempre en contra de la ciudadanía”.