Redacción Canal Abierto | A poco más de un mes de su salida de Syngenta, este 1 de febrero Antonio Aracre asume como jefe de asesores presidencial en medio de fuertes repudios y cuestionamientos.
Ante el desembarco del ex CEO en la oficina contigua a la de Alberto Fernández es que organizaciones socioambientales movilizarán este miércoles a las 12 frente a Casa Rosada.
“No es una figurita cualquiera sino una persona hiper relacionada con el agro extractivismo y sus impactos socioambientales que llega para acercar posiciones entre oficialismo y oposición y que la entrega y el saqueo de nuestros recursos continúe”, afirmó Paula Keser, autoconvocada de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), uno de los tantos espacios convocantes.
Entre otras cosas, el flamante asesor respalda la Ley de Agroindustria, la modificación de la Ley de Semillas y la implementación del “dólar soja” como una respuesta al mercado. Según sus críticos, es una de las puntas de lanza de la reforma laboral que persiguen algunos sectores del Ejecutivo y la oposición, y una voz en contra del debate en torno a la Ley de Humedales.
CONCENTRACION PARA DECIR: ¡¡FUERA ARACRE DE LOS CARGOS PÚBLICOS!!
Nos sumamos a la convocatoria! NO QUEREMOS AL AGRONEGOCIO y a las corporaciones involucradas con sus propios representantes en las decisiones dentro del Estado Nacional. pic.twitter.com/V3E6Vabs6S
— Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (@CoordinadoraBFS) January 25, 2023
No son pocos los que ven en este salto al sector público como el lanzamiento de Aracre a la arena partidaria, y una apuesta del Frente de Todos a promover un rostro empresarial de cara a las elecciones de este año.
A principios de enero diversos sectores ya habían alzado su rechazo a la llegada al Gobierno de quien semanas atrás era el máximo ejecutivo para América Latina de la multinacional de capitales chinos que hoy controla el 60% del mercado de semillas transgénicas en la Argentina y lidera la venta de agroquímicos.
En nuestro país las principales ganancias de esta empresa surgen de la venta de Atrazina, prohibido en 37 países; Paraquat, prohibido en 72 países; y Glifosato, categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos.
Por un lado, los 2300 referentes de la academia, el ambientalismo y movimientos sociales que firmaron una carta pública para pedirle al presidente Alberto Fernández que dé marcha atrás con el nombramiento: “Aracre es empleado histórico del agronegocio más retrógrado y voraz, ese mismo que se llena los bolsillos con millones de dólares gracias a la venta de transgénicos y agrotóxicos en todo el mundo; es parte del mismo modelo económico productivo que extranjeriza la tierra, que intoxica comunidades y pueblos con biocidas y envenena los alimentos que llevan a la mesa familiar mientras se dedica a operar contra de todas aquellas iniciativas sociales, comunitarias, políticas y leyes que intentan promover un paradigma agroalimentario alternativo, soberano, igualitario, basado en la producción de alimentos sanos y saludables”.
A este rechazo también se había sumado el de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), que a través de un comunicado calificó la decisión como “la peor señal que pueda enviar el señor Presidente al seno del empresariado nacional argentino pyme. Esta decisión sin ningún lugar a dudas se acumulará al del fracasado y disuelto consejo económico y social”.
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