Redacción Canal Abierto | Las redes sociales nos generan una falsa impresión de democratización de la palabra, como si se tratara de un universo paralelo en el que toda opinión cuenta por igual y cualquier idea -incluso la más disparada- puede ser válida. Es también un terreno fértil para lo indecible. Es decir, para aquellas afirmaciones que nos avergonzarían o reprimiríamos en cualquier conversación de café.
Esta vez el disparador fue la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa y los deseos virales de que sus homicidas, cinco de ellos condenados a perpetua y tres a 15 años de prisión, sufran todos los vejámenes posibles durante su futuro encierro: muerte, violación, torturas, etc.
Al margen del debate sobre las penas que le cupieron a los rugbiers por este brutal crimen, emergió aquí el imaginario en torno a las condiciones carcelarias en Argentina, su naturalización y los sentidos que como sociedad asignamos a estos lugares de encierro.
En su último informe anual en base a un relevamiento de 2021, el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) describe la situación alarmante que se vive estas instituciones del territorio bonaerense: hacinamiento, la sobrepoblación y la práctica sistemática de la tortura.
Durante el 2021 la CPM realizó 456 inspecciones a lugares de encierro como cárceles y alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y lugares de atención a la salud mental. El contacto directo con las víctimas les permitió registrar 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas.
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El primer dato es que la sobrepoblación en prisiones bonaerenses alcanzó el 111%, mientras en comisarías la situación es aún peor: 4.445 personas alojadas en 1300 plazas.
Otro punto preocupante del 2021 fueron las muertes: en las cárceles de la Provincia murieron 199 personas. La estadística sobresaliente es que el 87% de estas muertes se produjeron por desatención de la salud, es decir muertes que podrían haberse evitado si hubiese una gestión diferente de la salud en el encierro. Esto implica un incremento de la tasa de mortalidad a 4,4 cada 10.000 personas contra un promedio de 3,3 de tasa promedio durante los años anteriores.
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En comisarías se registraron 25 muertes durante el periodo, el número más alto registrado en los últimos diez años. Sólo en 15 de estos se informó la causa de muerte (7 casos de ahorcamiento, 6 por problemas de salud y 2 por agresión física que en un caso involucra a un agente de la policía).
“Este trabajo nos permite presentar en este informe anual un estado de situación del sistema de encierro y las políticas de seguridad que resulta alarmante”, indica el informe titulado “El Sistema de la Crueldad”. “Fundamentalmente porque no se ha revertido la concepción y definición más estructural de la política penal que concibe al punitivismo, la saturación policial de los territorios y el encierro desmedido como su principal elemento”.
Sumado a esto, el control territorial de las fuerzas de seguridad sigue generando violencia y muertes: durante 2021 se registraron 120 muertes por uso letal de la fuerza -la mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años- y las 25 muertes ocurridas en comisarias fueron el número más alto de los últimos 10 años.
Por la persistencia, el alcance territorial y la magnitud de este trabajo, en 2019 la CPM fue designada como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por el Consejo Federal de Mecanismos Locales a propuesta del Comité Nacional Contra la Tortura, según lo establece la Ley Nacional 26.827.
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