Redacción Canal Abierto | Rosa Grilo, la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, falleció ayer a los 114 años de edad. Su testimonio fue clave en el juicio que el año condenó al Estado nacional por genocidio.
El 19 de julio de 1924, una formación de 130 policías, gendarmes y paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de los pueblos qom y moqoit que formaban una comunidad en el paraje El Aguará, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo, en la zona central del Chaco.
La orden fue dada por el gobernador del entonces territorio nacional, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que residían en las inmediaciones.
Los habitantes de esas zonas exigían una justa retribución por la cosecha de algodón, como también poder salir a trabajar hacia los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecían mejores salarios.
“Acá llegaron a coexistir cuatro reducciones que funcionaron entre 1911 y 1956, donde durante años estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias qom, moqoit, vilela, wichí y pilagá”, detalla a Canal Abierto el sociólogo e integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante.
En 2020, la Justicia Federal investigó la masacre y condenó al Estado nacional, que dos años más tarde –previo Juicio por la Verdad– debió pedir disculpas e iniciar medidas reparatorias con las comunidades.
Melitona Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Grilo pudieron contar lo que vieron de niños al ocultarse en el monte. Y sus testimonios pudieron incorporarse al proceso judicial.
En 2019, la Justicia Federal de Formosa también había reconocido la responsabilidad del Estado y el carácter genocida de la Masacre de Rincón Bomba, cuando el 10 de octubre de 1947 Gendarmería Nacional atacó a la población Pilagá en Las Lomitas, Formosa. Aquella causa había sido iniciada por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en 2005, tanto en el fuero penal como en el civil, algo inédito hasta el momento en materia de crímenes de lesa humanidad. “En aquel caso, la representación de las víctimas estuvo a cargo de la Federación Pilagá, organización de segundo grado que agrupa a todas las comunidades Pilagá de Formosa, y el nivel de legitimidad terminó siendo indiscutible”.
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