Canal Abierto Radio | Este martes se produjo una movilización en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a partir de un proyecto presentado por el gobierno de Axel Kicillof para intentar imponer algunas regulaciones a las aplicaciones de entregas a domicilio (Rappi y Pedidos Ya). Hubo amenazas por parte de las empresas de retirarse del territorio bonaerense si esta propuesta sigue adelante. Si bien el proyecto tiene media sanción en la Cámara de Senadores, fue pospuesta su votación debido a la gran polémica que generó su debate.
Belen D, es secretaria adjunta del Sitrarepa (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación en Argentina). Tiene que presentarse sin exponer su apellido por temor a represalias de la empresa donde trabaja que bloquea su usuario para desarrollar su actividad como forma de despido encubierto.
Al aire de Canal Abierto Radio, comentó: “Hoy estamos peleando por nuestro reconocimiento gremial. Somos un sector en la Argentina de unos 60,000 trabajadores en todo el país que estamos básicamente en la ilegalidad. Hoy en el país hay una Ley de Contrato de Trabajo que estas empresas por aplicación como Pedido Ya, Rappi o Uber, no cumplen. Porque nosotros realizamos un trabajo en el que hay una relación de dependencia porque trabajamos bajo las condiciones que estas aplicaciones nos imponen y respondemos a los criterios a partir del mecanismo del algoritmo. Sin embargo, ahí hay una primera falta y evidentemente es un problema. Por eso surge este registro que quieren sacar en la provincia de Buenos Aires”.
El proyecto presentado es un registro de repartidores por aplicación que da una serie de disposiciones para que el gobierno de la provincia genere algún tipo de control. Dentro de la disposición, algunos puntos que la oposición discutió enérgicamente fueron que “el Poder ejecutivo deberá mediante la autoridad de Aplicación: a) Fijar las condiciones y requisitos de inscripción. b) Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados”.
La delegada de los trabajadores de Delivery también explicó: “Esto solo permite que el gobierno tenga acceso a cierta información con respecto a la ART y otros datos pero no hay una garantía de derechos. Esta ley no implica un reconocimiento laboral ni tampoco implica derechos laborales. Existe una extorsión de las empresas que debemos denunciar y repudiar. Desde nuestro sindicato defendemos a los trabajadores porque estas empresas amasan millones de pesos y dólares. Pedidos Ya, depende de la empresa de Delivery Hero, de origen Alemán que opera en más de 50 países. Este proyecto no trae ningún tipo de perjuicio económico a las empresas de aplicaciones. Sólo ha habido algunos fallos contra Rappi en el que han tenido que pagar multas por no pagar impuestos. Hay una extorsión y una manipulación a los trabajadores por parte de estas empresas por parte de un discurso que se viene fortaleciendo. No puede ser que las empresas nos amenacen por querer terminar con el trabajo esclavo. Me da vergüenza decirlo pero nos están pagando un promedio de 200 pesos por pedido entregado. Es realmente una miseria”.
El sindicato nacido en 2020, durante la pandemia, hoy cuenta con 2000 afiliados y afiliadas a nivel nacional y tienen como objetivo el reconocimiento gremial y conseguir derechos laborales de acuerdo a la Ley de Contrato Laboral que rige en Argentina.
