Redacción Canal Abierto | La proliferación de discursos de odio en pleno año electoral va en aumento. Tanto, que motivó que dirigentas y candidatas se reunieran para debatir el tema y analizar cómo la violencia política condiciona la convivencia democrática y por qué afecta, particularmente, a las mujeres.
“No se trata de hechos aislados”, sostuvo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Ayelén Mazzina —quien encabezó el debate—, en referencia al los eventos de violencia contra referentas políticas ocurridas en los últimos meses, la vicepresidenta Cristina Fernández entre ellas.
Para Mazzina, estos hechos son «una reacción ante el avance de los derechos humanos y de género, de la igualdad y de las personas que representan estas luchas”. “A las mujeres y a las diversidades no nos quieren en el juego social, político y público. Pero la batalla no es contra el odio; es por la democracia, porque es eso lo que se juega, la participación, pluralidad, paridad, democracia”, afirmó.
Una democracia ¿plural?
La violencia política por razones de género está definida como aquella que se dirige a “menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”, en el texto de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En efecto, la violencia y los discursos de odio desatados contra las mujeres y diversidades referentas sociales, militantes, funcionarias, formadoras de opinión, precandidatas y candidatas, entre otras figuras de la vida pública y política, constituyen un obstáculo que impide la plena participación y el ejercicio de sus derechos políticos, con la consecuente pérdida de pluralidad democrática.
Esto es más verificable aún en poblaciones pequeñas, donde el hostigamiento logra con mayor facilidad desalentar a aquellas que participan de la vida política y cuyas voces empiezan a tener notoriedad.
Es allí donde tienen especial influencia, y por eso requieren particular atención, los discursos de este tipo irradiados desde los medios de comunicación.
Qué hacer
¿Cómo erradicar estas acciones de violencia política y discursos antidemocráticos en todas sus modalidades? El tema se debatió en el conversatorio abierto a toda la ciudadanía, realizado en Goya (Corrientes) con la presencia de otras funcionarias nacionales y locales, que recibió el nombre de “Fortalecer el Estado y la participación política de las mujeres y LGBTIQ+” y reunió a un centenar de personas.
Las conclusiones apuntaron a que pueden implementarse distintas acciones y políticas públicas que apunten a garantizar que esa participación se amplíe, sea más efectiva y en igualdad de condiciones.
Sin ir más lejos, en Corrientes el año pasado la lucha popular logró la sanción de la Ley 6.612 de Paridad de Género en cargos legislativos.
“Hay que exigir el cumplimiento de las leyes de paridad y, sobre todo, sostener nuestra agenda: fortalecer el Estado, las políticas públicas y áreas de género en todo el país que, con presupuesto y estructura, logran transformaciones en la búsqueda por erradicar la desigualdad de género”, concluyó Mazzina.
Ilustración: Marcelo Spotti