Redacción Canal Abierto | Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobado este miércoles, puso sobre la mesa nuevamente un debate que está en el centro de la crisis económica: la legalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según la AGN, el préstamo tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 —por US$ 57.000 millones— contiene múltiples irregularidades que van desde violaciones a normas hasta incumplimiento de pasos, pasando por la autoatribución por parte de algunos de los actores involucrados de facultades que no tenían. Todo esto en un contexto de fuga de capitales, situación que debió haber impedido que la Argentina tomara una deuda de esta envergadura.
El informe
En principio, el informe de 200 páginas —que se difundirá completo dentro de dos de semanas y será enviado a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que tiene la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger (ex titular del Banco Central) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta— asegura que el entonces ministro de Haciencia, Nicolás Dujovne, firmante del acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. Por el contrario, el Ministerio de Finanzas, organismo que tenía esa tarea específica a su cargo y estaba a cargo de Caputo, no intervino en la gestión.
Tampoco hubo informes técnicos o jurídicos que evaluaran costos y riesgos, ni intervención de la Unidad de Auditoría Interna ni del Banco Central, como exige la ley 24.156 de Administración Financiera para préstamos multilaterales, lo que impactó en “la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”. Y, lo más curioso: la AGN asegura que no se pudo encontrar el documento final del crédito stand-by porque existen múltiples versiones.
Por otro lado, detalla que el monto del préstamo —el más importante tanto de la historia argentina como de la historia del FMI— representó 127 veces la capacidad de endeudamiento del país, según las características de su estructura financiera y su capacidad de pago. Y que los fondos ingresaron se aplicaron casi exclusivamente al pago de servicios de deuda, en su amplia mayoría de corto plazo, emitida entre 2016 y 2019.
Finalmente, la AGN denuncia que todo el procedimiento se dio en un momento de “salida de capitales sin control, situación que debería haber sido evitada conforme al Convenio Constitutivo del FMI”.
Sin novedad en el frente
Nada de lo antedicho es del todo nuevo. Lo denunciado por la AGN —detallado en dos videos de poco más de 7 minutos totales que tuiteó esta mañana la vicepresidenta Cristina Fernández con la calificación de “escandaloso” y “manganeta”— ya había sido informado en febrero de este año por el mismo organismo.
La situación de fuga de capitales, que según las normas debiera haber imposibilitado el préstamo, también se desprendió del informe que el Banco Central emitió en mayo de 2020. En él, la entidad establece que el ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó US$ 100.000 millones entre diciembre de 2015 y principios de 2018, a las que se le suma el pedido al FMI, solicitado en abril de 2018, que desembolsó un préstamo récord de US$ 44.500 millones.
Acuerdo FMI. Primera parte.
Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a… pic.twitter.com/0hX7Jkm2v1
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2023
A lo largo de todo el período, esos fondos obtenidos por deuda financiaron la formación de activos externos de los residentes argentinos (FAE), lo que coloquialmente se denomina “fuga de capitales”. Ésta se triplicó y superó los US$ 86.000 millones. “Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los US$ 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la fuga alcanzó los US$ 45.100 millones”, relata el informe.
En diciembre de 2021, fue el propio FMI el que admitió en su Evaluación Ex Post (EPE, por sus siglas en inglés), elaborada por el staff técnico del organismo a cargo de Kristalina Georgieva, que “el gobierno de Macri debió interponer controles de capitales para ordenar los flujos y evitar fuga de divisas, que es lo que terminó ocurriendo antes y después de tomado el crédito. De hecho, si se mide la fuga en los meses posteriores y teniendo en cuenta que el dinero es fungible, se fue del país casi la totalidad del préstamo”.
Más tarde, en enero de 2022, un informe realizado por juristas internacionales consideró que el acuerdo con el FMI debería declarse “nulo” por no cumplir los requisitos. “Tenía supuestos poco realistas y un agujero negro contable”, sostuvo.
Las denuncias locales
Las conclusiones de los investigadores internacionales se condicen que varias denuncias en el mismo sentido radicadas en la justicia local.
A comienzos de diciembre de 2019, el acuerdo fue impugnado por dos denuncias, una en el foro penal, y otra en el contencioso administrativo. La última, presentada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), se sustenta en que todos los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer según la ley, no se hicieron.
“No se cumplió con ninguna de las leyes administrativas que obligan al Estado a realizar distintos informes antes de la toma de deuda. Uno de factibilidad, un informe económico que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda, el informe jurídico previo a la situación del acuerdo. Tampoco hay decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera está el informe del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a hacer para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del país”, detallaba por entonces Eduardo Murúa, presidente del MNER y actual director de Políticas de Inclusión Económica en el Ministerio de Desarrollo Social, en diálogo con Canal Abierto.
En paralelo se radicó la denuncia penal que Claudio Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizaron contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del mega préstamo que Argentina recibió del FMI en octubre de 2018.
Entre las irregularidades denunciadas, se encuentra que “el acuerdo debió necesariamente ser tratado por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo”, y que éste ha producido “irracionalidad” y “daño” sobre la economía y la sociedad argentina. De allí “se desprende con claridad la administración fraudulenta en la que ha incurrido el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios”, reza la denuncia.
Por el primer acuerdo, contraído con el FMI en abril de 2018, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional y actualmente de la CTA Autónoma, Baldivieso y Lozano habían presentado un amparo colectivo que solicitaba una medida cautelar urgente y otra denuncia penal, con argumentos similares a la segunda.
Entre sus fundamentos, figuraba que “el FMI ha prestado violando su propio Estatuto que le impide prestar fondos en países en situación de fuga de capitales”. En efecto, desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la Argentina US$ 44.490 millones. Sólo se utilizaron para pagos de deuda US$ 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron del país US$ 36.380 millones.
Finalmente, el mes pasado, más de 1300 referentes de movimientos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales y sindicales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que ordene al Estado Argentino no aprobar “ninguna ley, acto de gobierno o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implique convalidar y reconocer la constitucionalidad y legalidad del endeudamiento que surge de los acuerdos con el FMI realizados durante el año 2018”.