Redacción Canal Abierto | De acuerdo con la Real Academia Española, “ultra vire” es un término jurídico por el que se consideran “nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley”. Esa fue la expresión que los especialistas internacionales Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh utilizaron para definir el acuerdo stand by que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

“Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina”, sostienen los autores

Y continúan: “el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un ‘agujero negro’ contable de al menos 20.000 millones de dólares”.

Todo lo dicho, “hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir”, con lo que “el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso”, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente, según la investigación que fue publicada en el sitio especializado SSRN.

Por lo tanto, ambos concluyen que el mayor préstamo en la historia del Fondo, por entonces al mando de Christine Lagarde, “fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire'”, por lo que “debería declararse nulo.

 

Las denuncias locales

Las conclusiones de los investigadores internacionales se condicen que varias denuncias en el mismo sentido radicadas en la justicia local.

A comienzos de diciembre de 2019, el acuerdo fue impugnado por dos denuncias, una en el foro penal, y otra en el contencioso administrativoLa última, presentada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), se sustenta en que todos los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer según la ley, no se hicieron.

“No se cumplió con ninguna de las leyes administrativas que obligan al Estado a realizar distintos informes antes de la toma de deuda. Uno de factibilidad, un informe económico que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda, el informe jurídico previo a la situación del acuerdo. Tampoco hay decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera está el informe del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a hacer para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del país”, detallaba por entonces Eduardo Murúa, presidente del MNER y actual director de Políticas de Inclusión Económica en el Ministerio de Desarrollo Social, en diálogo con Canal Abierto.

En paralelo se radicó la denuncia penal que Claudio Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizaron contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del mega préstamo que Argentina recibió del FMI en octubre de 2018.

Entre las irregularidades denunciadas, se encuentra que “el acuerdo debió necesariamente ser tratado por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo”, y que éste ha producido “irracionalidad” y “daño” sobre la economía y la sociedad argentina. De allí “se desprende con claridad la administración fraudulenta en la que ha incurrido el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios”, reza la denuncia.

Por el primer acuerdo, contraído con el FMI en abril de 2018, Baldivieso y Lozano habían presentado un amparo colectivo que solicitaba una medida cautelar urgente y otra denuncia penal, con argumentos similares a la segunda.

Entre sus fundamentos, figuraba que “el FMI ha prestado violando su propio Estatuto que le impide prestar fondos en países en situación de fuga de capitales”. En efecto, desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la Argentina US$ 44.490 millones. Sólo se utilizaron para pagos de deuda US$ 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron del país US$ 36.380 millones.

Finalmente, el mes pasado,  más de 1300 referentes de movimientos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales y sindicales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que ordene al Estado Argentino no aprobar “ninguna ley, acto de gobierno o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implique convalidar y reconocer la constitucionalidad y legalidad del endeudamiento que surge de los acuerdos con el FMI realizados durante el año 2018”.

 

Buenas noticias para Guzmán

Por su parte, el propio FMI emitió en diciembre último su Evaluación Ex Post (EPE, por sus siglas en inglés) donde admitió que “el programa no satisfizo los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad externa y fiscal al tiempo de cobijar el crecimiento económico” y que “el gobierno de Macri debió interponer controles de capitales para ordenar los flujos y evitar fuga de divisas, que es lo que terminó ocurriendo antes y después de tomado el crédito. De hecho, si se mide la fuga en los meses posteriores y teniendo en cuenta que el dinero es fungible, se fue del país casi la totalidad del préstamo”.

En el marco de una ardua negociación con el organismo internacional de crédito por parte del Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán, que pretende involucrar a la oposición en una propuesta consensuada, Ferreira Lima, docente de Derecho en la Universidad de Leeds, y Marsh, exfuncionario del FMI, aportan una conclusión que parece ir en línea con los intereses argentinos.

Para ellos, dado que el país no tiene los recursos para afrontar los vencimientos de un acuerdo que fue mal planeado, “debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse”. En la práctica, dicen, eso significa “establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha”.

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