Redacción Canal Abierto | El Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración del Poder Judicial de Jujuy libró una orden de allanamiento, registro, secuestro y detención para 22 vecinos de la ciudad de Humahuaca.
En la tarde de hoy ya fueron detenidos al menos tres de los imputados que se presentaron debido a una citación judicial en la comisaría local.
A este grupo de personas se les imputa la supuesta comisión de varios delitos. Por un lado, la privación ilegítima de la libertad agravada de los concejales de Humahuaca: Noelia Quispe, Alejandro Escobar, Federico Zamboni, Roque Tarcaya, Jordan Zerpa y Daniel Abalos, a quienes los manifestantes instaron a declarar el rechazo a la reforma inconstitucional; por otro el delito de sedición por “alzarse públicamente en contra de la Constitución de la Provincia”; resistencia a la autoridad; daños a propiedad pública; “lesiones leves doblemente agravadas” a funcionarios policiales; y, por último, el delito de instigación a cometer delitos.
#Urgente Libraron orden de detención para 22 vecinos de Humahuaca.
El concejo deliberante de esta ciudad, a instancias de sus habitantes, votó el rechazo a la reforma inconstitucional de Gerardo Morales.
Esta es la respuesta. pic.twitter.com/fr9Piv7C00— Canal Abierto (@canalabiertoar) July 12, 2023
Se trata de una causa armada para criminalizar a quienes protestan y se organizan para rechazar una reforma constitucional que no cuenta con aval popular y cuya aprobación fue forzada por intereses ajenos al común de los ciudadanos. “Estas órdenes de allanamientos en Humahuaca tienen el objeto de infundir miedo y criminalizar la protesta”, señaló Santiago Seillant, dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), que integra la Multisectorial contra la Reforma y convoca al paro general de mañana, jueves 13 de julio.
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Los hechos señalados se produjeron en la noche entre el 30 de junio y el 1º de julio en la sede del Concejo Deliberante de Humahuaca y sus inmediaciones.
La orden de allanamiento establece que es “para proceder al registro y secuestro de elementos informáticos y celulares de uso personal de los imputados para geo localizarlos el día del hecho y cualquier otro elemento que tengan relación con el delito investigado”.
El escrito judicial ordena la detención de estos ciudadanos amparándose en la presunción del “peligro de fuga” debido a la magnitud de las penas previstas para los delitos imputados: para privación agravada de 2 a 6 años; sedición de 1 a seis años, aclarando que al ser cometidos en concurso real, no podrán ser de ejecución condicional.
