Por Néstor Espósito | Tal como lo anunció Canal Abierto hace una semana, la mega causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri está a punto de convertirse en polvo. Pero aquel anuncio casi profético no quedará sólo en la desaparición de un expediente en cuyo trasfondo se trasluce una escandalosa intromisión de organismos estatales de inteligencia en la vida privada de dirigentes sociales, políticos, gremiales y hasta eclesiásticos.
Ahora viene el contragolpe.
Uno de los ex procesados por espionaje ilegal en las cárceles presentó esta semana una tremenda denuncia contra el primer juez de la causa, el magistrado federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Y, por elevación, también le apuntó al juez de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, quien heredó aquel expediente y lo está desguazando poco a poco.
Se trata del abogado Fernando Carra, el hombre que parecía encaminarse a ser el nuevo titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) apenas Alberto Fernández ganó las elecciones de 2019. Carra era un funcionario de carrera y mantuvo una buena relación con los ex funcionarios y dirigentes kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza, a punto tal que varios de ellos salieron a defenderlo cuando arreciaban los cuestionamientos por el supuesto espionaje ilegal en el pabellón en el que estaban alojados, entre otros, Amado Boudou, César Milani, Julio De Vido y Luis D’Elía.
Justamente D’Elía llevó la voz cantante más fuerte reivindicando a Carra.
Sin embargo, quedó envuelto en la acusación de ser “el ablandador” de los kirchneristas presos para obtener sus arrepentimientos y confesiones con el objetivo final de llevarse puesta a Cristina Kirchner.
Días atrás, el juez Martínez de Giorgi dispuso la nulidad de dos declaraciones claves en esa parte de la investigación y sobreseyó a Carra y a otros funcionarios del SPF.
Carra contragolpeó denunciando al juez Villena “por la comisión de los delitos de violación a la ley nacional de inteligencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documento público, prevaricato y cualquier otro delito que resulte de la presente investigación”.
“Encontrándose probada la responsabilidad penal del aquí denunciado en innumerable cantidad de hechos delictivos y atento a la inmensa capacidad de obstrucción de justicia, entorpecimiento probatorio y ocultamiento de prueba, a fin de resguardar la seguridad pública y de los distinto procesos en los que resulta penalmente responsable de distintos delitos, vengo a solicitar se oficie en forma inmediata al Consejo de la Magistratura a fin que se proceda a la inmediata suspensión en sus funciones y se ordene su inmediata detención”.
Carra responsabiliza a Villena de todas sus desgracias en los últimos cuatro años. Le atribuye –basado en un fallo de Martínez de Giorgi- el haber armado una causa para inculparlo y, de esa manera, encubrir sus propias acciones ilegales. “Nos encontramos frente a un delincuente integrante de la Justicia Federal, con inmensa capacidad de daño sobre la población en general”.
Pero la embestida también apunta a Martínez de Giorgi, quien en una extensa resolución advirtió sobre irregularidades presuntamente cometidas por su colega de Lomas de Zamora.
“Surge con absoluta claridad que el juez Marcelo Martínez de Giorgi debería haber mandado a extraer testimonio y ordenar que se investigue los distintos ilícitos por él mismo narrados por parte del autor penalmente responsable, Federico Villena. Sin embargo, y para sorpresa de esta parte, nada sucedió al respecto”.
Carra no es el único enojado (y mucho) con Villena. Pero hasta ahora fue el único que tradujo ese enojo en una causa judicial. A lo largo de 15 páginas, describió que “Villena, mediante la comisión de distintas maniobras delictivas que fueran descriptas por el juez federal Martínez de Giorgi en su resolución de fecha 16 de agosto, allanó ilícitamente mi finca familiar, imputándome posteriormente por una serie de delitos de los que ninguna responsabilidad tenía al respecto. De hecho, con el correr de la investigación y conforme resolución del 16 de agosto, el juez Martínez de Giorgi resuelve hacer lugar a la nulidad planteada por mi defensa, ordenando mi sobreseimiento”.
Carra reconoció que hubo inteligencia ilegal en las cárceles. Pero –siempre sobre la base de lo que él mismo denunció y corroboró Martínez de Giorgi- sostuvo que eso fue obra de agentes de la AFI avalados por el propio juez y no un accionar de funcionarios del SPF. “Cabe preguntarse entonces si, por razones de estricta justicia, corresponde invalidar todo su accionar en el sumario por tales circunstancias, lo cual traería aparejado, por consecuencia, la impunidad de las graves conductas investigadas, al menos para los que resultaron sus coautores materiales”.
Martínez de Giorgi anuló los aportes de dos testigos en la causa por espionaje en las cárceles porque consideró que habían sido inducidos artificialmente y tergiversando la realidad. Se trata de los hermanos Claudio y Noelia Segura, quienes ahora serán investigados por el presunto delito de “falso testimonio”. Martínez de Giorgi mandó a extraer testimonio a fin de investigar la responsabilidad penal de ambos. Carra los había denunciado en julio de 2022 pero –lamentó- “llamativamente la denuncia quedó en la nada”.
“Habiendo el propio Martínez de Giorgi acreditado un sinfín de delitos cometidos por el aquí denunciado Villena, no mandó a extraer testimonio y ordenar la investigación del denunciado Villena”.
La denuncia parece encerrar una velada advertencia para Martínez de Giorgi. “Resultando víctima del delictivo accionar del juez Villena, vengo a solicitar se proceda a dar curso a la presente denuncia, en el entendimiento de que el juez Martínez de Giorgi omitió involuntariamente proceder en tal sentido”.
Aún sabedor de que su planteo no tendrá (no puede tener) éxito, Carra pidió la detención de Villena. “Resultando que el juez Villena dispone de todos los recursos necesarios y a su disposición no sólo para seguir delinquiendo sino para continuar ocultando sus distintos delitos y los elementos de prueba respectivos, vengo a solicitar sin más que se proceda conforme lo establece la propia legislación vigente y disponer la inmediata detención”.
Además, planteó un habeas corpus preventivo “a fin de que el aquí denunciado no pueda llevar adelante algún tipo de medida de venganza por la presentación en curso”.
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Néstor Espósito: @nestoresposito