Redacción Canal Abierto | El Senado Nacional retomó hoy el debate en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Proyecto de Reforma de la Ley de Alquileres, aprobada hace sólo 3 años, que cuenta con la media sanción de Diputados.
Tras tres semanas de debate, esta tarde se arribó a un dictamen de mayoría que obtuvo las firmas de los integrantes del interbloque del Frente de Todos y los peronistas de Unidad Federal. La oposición de Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría, ratificó que buscarán revalidar el texto tal como vino de la Cámara de Diputados.
La reforma aprobada en la Cámara Baja, que da marcha atrás con derechos conquistados tras años de lucha de las organizaciones de inquilinos, planteó reducir a 2 años la duración mínima de los contratos –establecida en 3 en la ley– y actualizar el precio del alquiler por períodos no inferiores a los 4 meses sin un índice de actualización predeterminado, como es el actual ICL (Índice de Contratos de Locación.
También, entre otros puntos particulares, elimina las sanciones ante el incumplimiento de los propietarios de registrar el contrato en la AFIP, devolviendo a este mercado a una opacidad y desregulación del que la ley intentaba sacarlo y quitándole al Estado una herramienta para intervenir en el mismo si tuviera voluntad de hacerlo: actualmente, con la ley vigente, sólo el 2% de los contratos de locación de inmuebles están registrados.
Un convenio entre desiguales
La ley 27.551 recibió desde su promulgación un ataque constante de los grandes actores del mercado inmobiliario y de quienes utilizan la propiedad como una mercancía más para el mercado especulativo.
“Sólo el 32% de los encuestados firmó bajo la ley, el 68% firmó por fuera de la ley, entonces, la ley no se está aplicándo, el Estado no salió a aplicarla”, sostiene el sociólogo Fernando Bercovich, integrante del Programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a datos de obtenidos de una encuesta a inquilinos realizada conjuntamente con el CELS, el Conicet y la UNSAM.
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La no fijación de un índice de actualización, estableciendo que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización al inicio de la relación locativa –pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices– deja nuevamente a los inquilinos en una situación de debilidad frente al propietario locador.
El dictamen
El dictamen de mayoría arribado por el plenario de comisiones del Senado estableció que el período mínimo para la actualización sea de 6 meses y que la duración mínima de los contratos permanezca siendo de 3 años.
“No se podía retroceder en derechos, los tres años debían estar. Los seis meses son un punto medio entre lo que estaba y lo que se estableció en Diputados. Creo que ésta es una mucho mejor versión de reforma que la que vino de la Cámara Baja”, sostuvo en la reunión la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti. “Este régimen intenta legislar para equiparar la fuerza de las partes en un contrato de locación que en la práctica es un contrato de adhesión”.
El dictamen también establece que para el índice de actualización se utilice el Coeficiente Casa-Hogar, un índice elaborado por el Ministerio de Hábitat de la Nación y que se aplica para el Procrear y otros programas de vivienda social). También establece que el contrato se estipule en moneda nacional entre otros puntos.
Ilustración: Marcelo Spotti