Redacción Canal Abierto | La potestad sobre los derechos de autor en la esfera editorial entró en conflicto a partir de que se conociera la intención del gobierno de firmar un decreto por el que se reconocía al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (CADRA) la exlusividad como sociedad de gestión colectiva.
La firma del decreto se frenó a partir de la alerta que lanzó vía redes la activista Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre que fue replicado por distintos autores y personalidades del mundo de la cultura. De haberse llevado adelante el acto administrativo, CADRA tendría la exclusividad para la gestión de los derechos de todos los autores del país.
Al no contar con ese reconocimiento, en la actualidad CADRA ejerce este rol sólo entre sus asociados. Pero desde hace años busca ese reconocimiento sobre el universo de los libros y los derechos reprográficos, que abarcan la fotocopia de libros y la copia digital.
De avanzar en la firma de ese decreto que el martes no se firmó, CADRA se haría con el monopolio de la gestión compulsiva sobre ese derecho. A modo de comparación, le daría el status que SADAIC tiene en el mundo de la música.
Así como SADAIC se encarga de recaudar y gestionar en ámbitos en los que se utilizan obras musicales como conciertos, discotecas, disquerías, cine, televisión, radios y cualquier lugar en el que se ejecute o reproduzca música, CADRA haría lo propio en espacios en los que los libros.
“Esto supone darle entidad a que esta organización para que vaya a cualquier ámbito donde se distribuye cultura a cobrar. Y cuando digo que se distribuye cultura, lo digo en sentido más amplio. Las instituciones a las que van a ir a cobrar la lista es clara: universidades públicas y privadas, todo tipo de centro de enseñanza que incluye escuelas primarias secundarias, jardines de infantes, cualquier institución de enseñanza de todo nivel pública o privada, bibliotecas públicas, privadas, especializadas populares e incluso a empresas. Pero nuestra preocupación está en particularmente el mundo de la educación y el mundo de las bibliotecas”, planteó Busaniche a Canal Abierto.
Busaniche explicó que “la reproducción de una obra bajo derecho de autor es potestad de los titulares de la obra. Basado en esa normativa que es la Ley de Propiedad Intelectual en la Argentina de 1933, esta institución pretende nuclear de forma compulsiva toda a gestión del repertorio de obras que puedan ser reproducidas en Argentina. Ellos se arrogan el derecho a emitir licencias sobre estas obras y cobrar en consecuencia”.
“Lo que quieren hacer ellos es en todo lugar donde haya la posibilidad de que alguien haga una reproducción de una obra, ir a cobrar independientemente de que tengan entre sus asociados a los titulares de esta obra, independientemente del uso que se haga de la obra, independientemente de qué obra se utilice e independientemente del tipo de uso que lo haga “, detalló.
En tal sentido, la titular de la Fundación Vía Libre planteó que “una de las cosas que nosotros venimos peleando desde hace muchos años, es que las bibliotecas los archivos y las instituciones educativas tengan la flexibilidad de proveer estos materiales educativos como parte del derecho humano a la educación y el derecho de acceso a la cultura. En esta disputa nuestra demanda está bloqueada por organizaciones de este tipo que entienden que la única vía de acceder a la cultura es pagándoles a ellos. Básicamente son recaudadores”.
El proyecto de CADRA implica que no se cobra de acuerdo a la obra utilizada ni a la cantidad de obras, sino un fijo por el catálogo general. En el caso de las universidades, el cobro sería un importe por alumno matriculado. “Yo hacía el cálculo con el tarifario que ellos tienen publicado. Esto es toda información de ellos, mi fuente es el sitio oficial de CADRA. Ahí dice que para una universidad u otro centro educativo, la licencia anual se mide por alumno y corresponde a 758 pesos por alumno para autorizar fotocopias y 1515 pesos por alumno para autorizar reproducción digital. Sumadas esas dos cosas, a la Universidad de Buenos Aires les saldría algo así como 700 millones de pesos por año por el volumen de alumnos que tiene de más de 300.000 alumnos”.
Si bien la firma del acuerdo tuvo un impasse a partir de la difusión del acto que iba a tener lugar en el CCK, Busaniche no cree que CADRA se dé por vencida fácilmente. “Esto no salió el martes porque festejaron anticipadamente e hicieron público que se iba a firmar. Entonces enviaron invitaciones al acto, entre otros a la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, un sector que será afectado por esta medida. La gran mayoría de la gente que no sabe ni siquiera de qué se trata esto tuvo reacción. Pero lo que estimamos es que esto va a salir en algún momento y nos vamos a enterar por el Boletín Oficial como hecho consumado, digamos realmente es un atropello esto”.
Busaniche evluó que “CADRA y entidades afines que están detrás de esto van a seguir insistiendo. No sé qué nivel de compromiso tiene Tristán Bauer que es quien ha motorizado esto ni que poder tiene al interior de esta gestión que está de salida”. Y recordó que “esto mismo pasó en 2017, durante la gestión de Macri. Entonces también se frenó por una interna dentro del propio macrismo. De hecho, es una interna que vimos a raíz de esto en la discusión pública que tuvieron a Pablo Avelluto, el ex ministro de Cultura, y Gustavo Schotz, director de Propiedad Intelectual del mismo gobierno”.
La activista resaltó que “más allá de que tengan o no el decreto, ellos están saliendo a recaudar en nombre de sus asociados, pero ellos recaudan por todos los libros, no sólo por los de sus asociados. Así que tiene que quedar claro que acá no hay nadie en contra los derechos de autores, estamos en contra de la recaudación monopólica abusiva de un jugador que en nada va a proteger los intereses de los autores”.
“Esto no tiene nada que ver con la defensa de los derechos de autor. Esto es simplemente establecer un mecanismo de recaudación cuyo destinatario de la recaudación es mayormente el presupuesto público de la cultura: de las universidades, de los centros estudiantiles y de las bibliotecas que son mayormente instituciones públicas es decir. Esto es tomar de los magros presupuestos de la enseñanza y las bibliotecas a nivel público para que lo administre con una forma de distribución que definitivamente no va a saldar los problemas que por lejos no va a saldar los problemas que en los autores y que sólo va a redundar en golpear los magros presupuestos de las instituciones culturales para darle un fondo a una ONG que va a administrar un presupuesto millonario”, concluyó Busaniche.