Redacción Canal Abierto | Sedes y hogares de dirigentes de movimientos sociales de La Pampa fueron allanados ayer a partir del reavivamiento en una causa iniciada en 2019, pero que se mantenía sin movimientos desde entonces. La acusación es por “posibles delitos” en el manejo de altas y bajas en planes sociales.
Los inmuebles donde funcionan el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa fueron allanados por la Policía Federal. También las viviendas del referente de la CCC Walter Brandimarte, quien vive con la Secretaria General de ATE La Pampa, Roxana Rechimont, y de la responsable del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, Ayelén Morales.
El objetivo de la medida ordenada por el Juez Federal Juan José Baric era encontrar documentación de altas y bajas de los programas Potenciar Trabajo y listas de asistencia a las marchas. Al no obtenerlas, los uniformados secuestraron computadoras y elementos tecnológicos como tablets y celulares.
En diálogo con Canal Abierto, la Secretaria General de la filial pampeana de ATE Roxana Rechimont contó que “las altas y las bajas de estos programas como el Potenciar, que es el único que funciona en la provincia de La Pampa, es potestad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las organizaciones sociales solamente pasan el último día del mes las planillas de asistencia y es Desarrollo Social quien evalúa la continuidad del compañero o la compañera en estos programas”.
Y señaló que el secuestro de dispositivos se hizo a pesar de que la orden indicaba que la búsqueda era sobre material impreso o extraer la información referida a lo que se investigaba en la causa. “No solamente se llevaron los dispositivos, sino también que en el caso de la compañera que es responsable del movimiento originario en La Pampa y es secretaria de Naciones y Pueblos Originarios de la CTA Autónoma le llevaron sus permisos gremiales de salida de la CTA Autónoma, toda la documentación de la comunidad a la cual ella y su familia pertenecen, el libro de actas de las reuniones de la comunidad y las memorias y balances de dos años de ATE, que eso es lo que nosotros desde el gremio entregamos en los congresos provinciales a todos los afiliados y afiliadas”, relató.
Y detalló que durante el allanamiento que se extendió a lo largo de unas tres horas, fue incomunicada. Además, que entre la información secuestrada había archivos que nada tenían que ver con la causa investigada, sino con su vida familiar, como fotos de vacaciones. “Obviamente yo me opuse a esta situación y el oficial que estaba a cargo del allanamiento en mi domicilio pidió autorización y le comunicaron que yo no podía retener absolutamente nada de lo que se me quisiera secuestrar”.
“Evidentemente queda a las claras que esto no es más que una persecución. Quieren amedrentar a quienes nos organizamos y seguir inventando causas como lo han hecho en otras instancias con otros trabajadores y trabajadoras y con otras organizaciones”, denunció.
Ante el conocimiento de los hechos tanto ATE Nacional como la CTA Autónoma Nacional manifestaron su más enérgico repudio y solidaridad con las personas y organizaciones afectadas.
Juan Jose Baric es el magistrado que entiende en esta causa. Entre sus pergaminos cuenta con el paso por el equipo jurídico del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Macri. Fue justamente en los últimos meses de ese período que obtuvo el nombramiento en el Juzgado y que inició la causa.
También pasó por el gobierno bonaerense en años de María Eugenia Vidal, donde se desempeñó como subsecretario de Políticas Penitenciarias. Fue bajo su gestión que se realizaron cableados en el penal de Ezeiza para escuchar las reuniones de detenidos con sus abogados defensores.
Entrevista
Roxana Rechimont, titular de ATE La Pampa, también habló con Canal Abierto Radio por R770 (AM770) de Buenos Aires.
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