El gobierno de Jujuy, a cargo de Carlos Sadir, envió a la Legislatura e intentó aprobar de forma exprés un proyecto de ley que declara la emergencia en distintas materias. Como se explica en los fundamentos, la medida surge ante “la grave crisis económica” que atraviesa el país, con el objeto de “tener previsibilidad” por el recorte de fondos específicos destinados a las provincias y para reducir el déficit fiscal.
Sin embargo, desde la Intergremial, que reúne a sindicatos de base de las CTA y la CGT de la provincia, denunciaron que el foco del ajuste está puesto exclusivamente en los trabajadores estatales, a partir de una serie de reformas que se concentran en el artículo 4 y 5 del proyecto. Entre otras cuestiones, la norma suspende la contratación de nuevo personal y las recategorizaciones estatutarias, limita las horas extras, y fija como piso el Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que habilita a que el gobierno pague solo hasta ese monto.
La presión ejercida por la Multisectorial, que el año pasado protagonizó las históricas jornadas de lucha contra la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, y que abarca además de los gremios a organizaciones sociales y de pueblos originarios, logró estirar los tiempos y ahora el proyecto se debate en comisiones.
En diálogo con Canal Abierto, Santiago Seillant, secretario adjunto del SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia), explicó que también impactaron las internas dentro del propio partido de gobierno –“es un gobierno débil”, describió-, y en el PJ.
Además, resumió el planteo de los sindicatos: “Lo que estamos exigiendo desde la Intersindical es que se cancelen los artículos que tienen que ver con la emergencia laboral y salarial, que no pasen de la comisión al recinto”. Y sobre los motivos, explicó: “Dicen que la ley es para implementar políticas de austeridad, pero nosotros exigimos que las políticas de austeridad las apliquen primero a los sectores más pudientes”.
“Una vez que lo hagan –añadió- ahí hablamos de las políticas de austeridad hacia los trabajadores de los sectores populares”. “No estamos de acuerdo con que hay que sufrir para estar mejor, creemos que es una falacia, pero si vamos a sufrir, suframos todos”, afirmó.
En ese sentido, un video difundido por la Integremial, que denuncia que con este proyecto “la ley Ómnibus llegó a Jujuy” y que implica otorgarle “superpoderes” a Sadir, propone que, en lugar de una emergencia laboral, se declare una emergencia impositiva, “que habilite impuestos a las grandes fortunas, por ejemplo, a terratenientes, mineras y grandes empresas azucareras”.
¿Qué dice el proyecto?
El texto contiene 17 artículos que, además del capítulo laboral, faculta al Ejecutivo para revisar o rescindir contratos y regímenes de promoción fiscal, para la renegociación de la deuda pública, e incluye la declaración de la emergencia en materia ambiental, en transporte, sanitaria y en asistencia social. Sobre este último punto, advierten que en la redacción restringe el alcance a “personas humanas”, lo que excluye a organizaciones de distintos tipo.
El artículo 15, en tanto, invita a los municipios y comunas a adherir a lo dispuesto por la ley, pero precisa que, si no se adecúan, “no recibirán ningún tipo de aporte del tesoro provincial, destinado directa o indirectamente a financiar erogaciones no ajustados a la presente normativa”.
Otra medida incluida en el mencionado artículo 4, dispone “jubilaciones compulsivas” de los agentes públicos. “Cuando el personal reúna los requisitos de edad y de servicio para acceder a la jubilación ordinaria, iniciará los trámites pertinentes. La relación de empleo se mantendrá hasta que el agente obtenga el beneficio, o durante el plazo máximo de seis meses”, dice textualmente el proyecto.
Y añade: “Concedida la jubilación ordinaria o vencido dicho plazo o si el agente ha excedido el límite de edad (más de 65 años) la relación de empleo público quedará extinguida. Las mujeres deberán realizar la opción para continuar en el empleo hasta los 65 años en un plazo de 16 días corridos desde el momento en que alcance los 60 años de edad».
Desde la Integremial añadieron que, con esta ley “no habrá nuevos pases planta permanente”, “te pueden pagar después del 10 de cada mes, e incluso en cuotas”, “puede implicar un recorte salarial”, y “se habilita que despidan a trabajadores precarizados y jornalizados”.
Seillant hizo hincapié además en uno de los temas de fondo: la falta de empleo y la matriz productiva. “Queremos que muestren los números, porque veníamos de una provincia superavitaria. Morales se llenó la boca hablando del cambio de la matriz productiva pero eso nunca significó generación de empleo, entonces hoy tenemos mucho empleo precarizado en el Estado. Ellos hablan del empleo púbico como empleo ‘basura’ o ‘ñoqui’ pero nunca descomprimen la demanda porque no hay generación de empleo afuera del Estado”, denunció.