Redacción Canal Abierto | El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma publicó esta semana un informe titulado “Con Milei, el mar también está en venta”, en el que advierten que la caída de la Ley Ómnibus y, ya antes del tratamiento en el recinto, del capítulo con modificaciones a la ley de Pesca, no implicó que el Gobierno haya desistido en su vocación desregulatoria para con la actividad.
Por el contrario, el documento sostiene que “varios hechos ocurridos desde principios de este año son motivo de preocupación, ya que aún persiste la intención de desregular la pesca, no solo en el marco legal sino en la política de las autoridades pesqueras”.
A continuación, los cuatro ejes que destaca el informe del IEF:
– El Consejo Federal de Pesca paralizado
Como primer punto, el Instituto señala la gravedad de que, a cuatro meses del cambio de Gobierno, el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo encargado de administrar y controlar la pesca en el Mar Argentino, aún no se haya reunido. “El presidente del CFP, el Subsecretario de Pesca Juan A. López Cazorla, es responsable de las consecuencias inevitables que esto conlleva”, apuntaron.
-¿Libertad a la pesca ilegal?
“Un episodio reciente de pesca ilegal de merluza negra, protagonizado por un buque de capitales taiwaneses de bandera argentina en el mes de febrero, pone de manifiesto la liberalización que se pretende para esta actividad”, alerta el informe.
En ese marco, desde el IEF denunciaron la gravedad en términos ambientales y legales de lo sucedido, pero sobre todo, la deriva política del asunto. Es que, primero, el funcionario encargado de sancionar la pesca ilegal recibió presiones para no tomar medidas, y se permitió que el buque continúe pescando.
“Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, influyó en esta decisión. Finalmente, el empresario Liu Zhijiang pudo apropiarse y exportar a Estados Unidos el producto de esta pesca ilegal en un valor de 4 millones de dólares, pagando una multa irrisoria menor a 3 millones de pesos. Con este sistema de multas no sólo no se castiga la pesca ilegal sino que se la incentiva”, advirtieron desde CTA.
-Vaciamiento de áreas estratégicas
Las repercusiones del hecho anterior no terminaron ahí porque, finalmente, todo desembocó en la renuncia de Julián Suárez, Director de Control y Fiscalización Pesquera, a quien además se le solicitó que despidiera alrededor de 50 inspectores de pesca.
Guillermo Abdala Bertiche, ex Director Nacional de Acuicultura, también presentó su renuncia debido al desfinanciamiento de su área y la solicitud de despido de personal capacitado. En ese sentido, ya se concretaron despidos en el sector de fiscalización de la pesca, afectando personal administrativo, inspectores de muelle e inspectores embarcados, llegando casi a una reducción de la mitad del personal, consigna el documento elaborado por el Instituto.
A esto se agrega el despido de 30 trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), único organismo que asesora al gobierno en el manejo sostenible de la pesca, propone áreas de vedas, capturas máximas, etc, entre otras múltiples investigaciones sumamente necesarias.
“Es una muestra más de la política de la desregulación, que en materia pesquera puede llevar al colapso de varias pesquerías como sucedió con la merluza a fines de la década de los 90”, señala la CTA.
-Políticas de entrega
El último punto va al hueso de la cuestión, con temas que van más allá de lo pesquero. Para el IEF, una serie de hechos ocurridos recientemente dan cuenta de que “el gobierno está encaminado no solo a destruir la soberanía marítima, sino también a obstaculizar la distribución de la renta que se genera mediante la actividad pesquera”.
Estos incluyen desde medidas sobre cabotaje nacional, como la habilitación a barcos y tripulación extranjera en remolcadores, hasta la aprobación de los planes de ampliación del puerto de Montevideo, en contradicción con el proyecto de dragado del Canal Magdalena, una obra esencial para conectar nuestros puertos. Otro hecho de máxima gravedad es la decisión unilateral de de Reino Unido de la ampliar su zona de influencia sobre aguas de las Georgias y Sandwich del Sur.
Por último, la Central pone un tema en agenda, clave a la hora de recuperar parte del control perdido. Advierten que en diciembre de 2024 finaliza la concesión por 15 años de las Cuotas Individuales Transferibles (CIT) de captura, medida que evidenció “una concentración de las ganancias en un puñado de empresas”. “Es crucial no renovar esta concesión”, destacaron.