Redacción Canal Abierto | Si bien ya había trascendido en los medios, ayer el gobierno nacional y Mendoza oficializaron el inicio de un “proceso de capitalización privada” de IMPSA, una de las cinco empresas de tecnología e infraestructura que existen en el mundo dedicadas al desarrollo de proyectos de energía hidroeléctrica, solar, eólica y nuclear. La administración nacional y la provincia la habían rescatado de la quiebra en 2021, a pedido de los propios accionistas privados.
El anuncio de la re-privatización se realizó ayer con un acto en la Casa de Gobierno de Mendoza, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía de la Nación, Juan Pazo.
Según el comunicado oficial, el objetivo de la medida es “sanear la deuda de la compañía -que asciende actualmente a U$S 500 millones- y garantizar la continuidad de sus operaciones, que generan más de 700 empleos y alimenta a una extensa red de proveedores PyME”.
Lo curioso es que el Estado, al que se le achaca la responsabilidad por el mal desempeño de IMPSA, fue el que tuvo que salir a rescatarla tan solo tres años antes. Según una pesquisa realizada en ese momento, el drama de la compañía había empezado en 2010, cuando se definió internacionalizarla, y hacer negocios en Brasil, donde se abrió una filial, y en Venezuela.
Ambas iniciativas terminaron mal y el propio Enrique Pescarmona, de la familia fundadora, admitió la situación en una entrevista con Perfil. “El error nuestro fue una percepción errada del Brasil moderno”, dijo en 2015.
En esos años, la deuda de IMPSA había ascendido a U$D1000 millones, y aunque bajó a la mitad en 2017 -mismo monto que denuncia hoy la gestión de Milei-, la empresa estaba al borde de la quiebra.
Fue entonces que se solicitó la asistencia al Estado y tras una larga negociación, inversiones millonarias y la sanción de una ley provincial, Nación -a través del FONDEP- se quedó con el 63% del paquete accionario y Mendoza con el 21%. El resto se dividió entre acreedores e inversores (11%) y la familia Pescarmona (5%).
“Cuando se metió el Estado, por distintas vías, es cuando esta empresa empezó a decaer, decaer y decaer”, dijo Cornejo, durante el anuncio realizado ayer en la Casa de Gobierno de Mendoza. Tres años antes, un gobernador de su mismo signo político (UCR), Rodolfo Suárez, acompañó la medida exactamente contraria.
Una joya
Mientras, la propuesta de capitalización privada ya tendría interesados: la empresa estadounidense ARC Energy, dedicada a la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del Oil and Gas. Si no se presentan otros interesados el proceso podría estar cerrado para mediados de octubre.
Jason Arcenaux, CEO de ARC Energy y socio fundador del Fondo de Inversión Americano (IAF), a partir del cual se canalizaría la operación, se refirió, en declaraciones a los medios, al jugoso paquete con el que se podrían quedar. “IMPSA es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica, y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la pueden convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”, afirmó.
“Es el inicio del desguace del Estado Nacional”
Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica, lanzó una campaña para denunciar la privatización de IMPSA. Sobre la situación financiera de la empresa, el gremio que conduce Abel Furlán, indicó: “El gobierno nacional decidió incumplir contratos y desinvertir en la empresa para ahogarla financieramente y promover la privatización”.
En la misma línea, defendieron la importancia estratégica de una compañía que le da trabajo a 700 familias, exporta el 85% de su producción generando divisas, tiene presencia en más de 40 países y le da trabajo a más de 100 PYMES. Por esto, denunciaron que “la privatización de IMPSA da inicio al desguace del Estado Nacional”.