Redacción Canal Abierto | Esta semana comenzó el juicio conocido como Próvolo II que investiga los abusos sexuales a niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.

Las nueve imputadas son las dos monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez; la ex apoderada legal del Instituto Antonio Próvolo, Graciela Pascual; las ex directoras de la entidad, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza; la cocinera Noemí Paz; y la psicóloga Cecilia Raffo.

Las mujeres asistieron de forma presencial en la sala 4 del Fuero Penal Colegiado, en el debate que es presidido en la misma sala de audiencias por el presidente del tribunal, el juez Horacio Cadile. El resto de los jueces del tribunal, los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana, más los abogados querellantes, y defensores, participan en forma virtual.

En este segundo capítulo del Próvolo, la religiosa más comprometida es Kosaka Kumiko, quien llega a juicio con prisión domiciliaria y está imputada como partícipe primaria en siete hechos de abuso en el instituto, en uno de los cuales está señalada como autora penalmente responsable de un abuso simple.

El fiscal Gustavo Stroppiana, que llevó adelante la instrucción de la causa, sostuvo en la elevación a juicio que las mujeres sabían de los delitos que se cometieron y no los denunciaron, ni hicieron nada para evitarlos, por eso en distinta medida son responsables del delito de encubrimiento.

En tanto, el abogado defensor de la psicóloga Cecilia Raffo presentó una nulidad de requerimiento de citación a juicio, por lo cual se pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves, a las 9.

Por este mismo caso la Justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en este mismo Instituto.

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Pero la causa de Mendoza no es la única que afecta a esta orden religiosa internacional, con origen en Génova. Además de la ciudad italiana que los vio nacer, también hay una causa en la sede de la institución en La Plata.

“No tenemos que olvidarnos que este es el capítulo argentino de una red de delincuentes sexuales que se ocultan al interior de la iglesia católica”, remarcó Eneas Espinoza, de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos.

Cuando los abusos fueron descubiertos en Italia, mandaron a estos curas a Argentina. Las autoridades eclesiásticas argentinas tenían conocimiento de esto y los recibieron de igual manera. Ya en el país, cometieron los mismos abusos que derivaron en su traslado, y fue la justicia civil la que puso al descubierto lo que pasaba.

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