Redacción Canal Abierto | El viernes 20 de septiembre, el Boletín Oficial publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846 que habilita al Gobierno a reestructurar la deuda externa sin pasar por el Congreso y sin respetar la Ley de Administración Financiera. La publicación suscitó un sinfín de preguntas: ¿Por qué el Ejecutivo no puede esperar a que el asunto se debata en las Cámaras? ¿No tiene el tiempo o no tiene los votos? ¿Qué consecuencias puede traer esta medida para las arcas públicas?
Consultado sobre el tema, el economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, es categórico: “Es tal la desesperación que tiene el tándem Milei-Caputo frente a la evidencia de que, por más que fuercen un ajuste fiscal descomunal, los dólares necesarios para afrontar la deuda no aparecen, que no pudieron esperar al debate del Presupuesto”.
Para entender “la desesperación” hay que remontarse un poco hacia atrás, a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri —que también integraban Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger—, y que el gobierno de Alberto Fernández reestructuró en enero de 2022. Como consecuencia, Argentina debe afrontar entre 2024 y 2025 vencimientos de deuda por US$ 18.000 millones. Pero las arcas están vacías y, pese “al ajuste más grande de la historia” del que se jacta Javier Milei, el dinero para pagarlos no está.
Los dólares, según explica Lozano, se han ido en la voluntad del Gobierno de mantener el retraso cambiario para evitar una disparada de precios. ¿Cómo y con qué se pagarán, entonces, los vencimientos? “Con deuda nueva”, asegura el economista.
“En concreto, están dispuestos a repetir el megacanje de Cavallo-Sturzenegger, empeorando la situación del endeudamiento argentino”, remata.
Los detalles
La intención explicitada por el economista explicaría por qué el Ejecutivo no puede hacer pasar un nuevo acuerdo de deuda por el Congreso. Y es que la Ley de Administración Financiera fija que, la única forma en que puede hacer eso es que la reestructuración cumpla con dos de tres condiciones: una reducción del monto, una menor tasa de interés, y/o una extensión en los plazos.
“Que cumpla con dos de estas tres condiciones garantiza que el acuerdo sea beneficioso para el país —explica Lozano—. Pero con un riesgo país de 1.300 puntos, cualquier intento de tomar deuda nueva para cancelar deuda vieja implicaría siempre empeorar el perfil de la deuda argentina, es decir tomar deuda nueva en condiciones más perjudiciales”.
Con el actual riesgo país, el Estado nacional sólo podría endeudarse con un interés del 17,5% anual en dólares, 4,5 puntos porcentuales más que la tasa internacional. “Con ese interés, marcado por las elevadas expectativas de los acreedores de que la Argentina no pueda pagar, los plazos que te ofrecen son más cortos, lo que te acerca peligrosamente a un default, otra crisis de deuda y un nuevo salto cambiario”, resume.
Y ante la pregunta sobre cómo repercute esto en la economía nacional y la doméstica, Lozano es lapidario: “En tanto el endeudamiento crece, el ajuste para pagar los vencimientos es mayor, hay más recorte de gastos y empeoramiento de la calidad de vida. Es lo mismo que pasó en el megacanje previo al 2001, el inicio de la crisis final del gobierno de Fernando de la Rúa, casualmente con el mismo personaje, Sturzenegger, al mando de la economía”.