Redacción Canal Abierto | La policía de la Ciudad de Buenos Aires dictó la semana pasada las órdenes internas, la N° 12/2024 y la 13/2024 que prohíben las visitas a las personas detenidas entre las 20 y las 8 de la mañana. Esa prohibición alcanza a “defensores, autoridades sin previo aviso de la superioridad, como así también de organismos relacionados a los derechos de los detenidos”. En el caso de que alguna de estas personas vaya a la comisaría a ver a quienes están detenidas, la policía puede impedirles verlas. Solo podrán comunicarse por teléfono.
Según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales, lo que hizo la fuerza porteña “está prohibido”:
“Viola la ley del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Las personas que integran los mecanismos locales contra la tortura tienen la facultad y la obligación funcional de visitar los lugares de detención y hacer entrevistas en el momento que lo crean necesario. Justamente es así porque el objetivo es evitar las condiciones de posibilidad para la tortura, los malos tratos, los castigos arbitrarios. Los sistemas de prevención están basados en esas reglas de protección”
De esta forma, la policía de Jorge Macri y Waldo Wolff “restringe la posibilidad de denunciar los abusos durante las horas en que las personas detenidas están más desprotegidas y son más vulnerables”, advirtió el organismo.
Además, según informó el CELS, las órdenes contradicen las garantías establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio v. Argentina”, donde el accionar policial durante una detención arbitraria derivó en la muerte de un menor de edad y tuvo como consecuencia una condena internacional al país, en referencia al caso de Walter Bulacio, muerto en una dependencia policial luego de una razzia a la salida de un recital de los Redonditos de Ricota.
“La policía hoy puede disponer de las personas detenidas durante doce horas sin ningún tipo de control externo, sin que quienes deben defender sus derechos puedan verlas. Vulnera, por lo tanto, el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que deben poder comunicarse “libre y privadamente con su o sus defensores” y el acceso restringido durante la mitad del día obstaculiza esa labor. La Ley 5688 de Seguridad Pública obliga a garantizar el ejercicio pleno de derechos y libertades, lo que estas órdenes vulneran”, agrtegan.
“En los lugares de detención de la policía de CABA las situaciones de maltrato son corrientes. Es urgente revertir esta situación”, concluye la reconocida organización de derechos humanos.
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