Redacción Canal Abierto | A principios de octubre de 2024 y tras varias movilizaciones en defensa de la salud pública, el Gobierno tuvo que desactivar el intento de cierre del Hospital Laura Bonaparte, centro nacional de referencia en materia de salud mental y adicciones.
Hoy, cuando la atención pública atravesada por las vacaciones de verano, el Ejecutivo nacional retomó la embestida y despidió a cerca de 200 profesionales de la institución, entre ellos psicólogos, psiquiatras, enfermeros, odontólogos y farmacéuticos. Así, de un día para otro, volvió “inoperativo” el Bonaparte.
“Es una suerte de cierre, no hay personal para sostener ningún servicio, ni guardia ni internaciones”, denuncian sus trabajadores.
“Por ejemplo, hay pacientes internados a los que le echaron su equipo terapéutico completo; y echaron a toda el área administrativa de recepción, no hay quien reciba a pacientes nuevos”, cuenta Leonardo Fernández Camacho, delegado de la junta interna de ATE en el hospital, el único a nivel nacional con especialización en salud mental y adicciones.
El ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, dejó trascender a medios oficialistas que este 2025 el ajuste ascenderá a más de 700 millones de pesos. Con nula inversión en infraestructura, el 78% del presupuesto era utilizado para el pago de salarios.
Sin embargo, el efecto de la motosierra sobre el sector no se circunscribió al Bonaparte: todos y cada uno de los hospitales nacionales vienen sufriendo despidos, faltante de materiales, nula inversión y bajas salariales. Esta última es una de las problemáticas que se viene denunciando desde el Hospital Garrahan, donde muchos de sus trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.