Redacción Canal Abierto | Con las firmas de Adolfo Perez Esquivel, Raúl E. Zaffaroni, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, Hugo “Cachorro” Godoy, Hugo Yasky, Claudio Lozano y Jorge Elbaum, entre otros, se elevó esta tarde un pedido de Juicio Político contra el Presidente Javier Milei.
Es la tercera presentación de este tipo en poco más de un año. Las dos anteriores durmieron en el Congreso gracias al bloqueo que el oficialismo mantiene sobre la Comisión de Juicio Político (instancia previa y necesria al tratamiento en Diputados).
En esta oportunidad, las razones están vinculadas al virulento ataque contra las mujeres y la comunidad LGTB+ en el Foro de Davos y las amenazas que pocas horas antes había lanzado sobre la oposición. Lo primero es vox populi y el motivo -suficiente- para la marcha antifascista convocada este sábado 1 de febrero; lo segundo surge de un posteo reciente -cuando Milei intentó excusar a Elon Mus por su saludo nazi-, en el que hablaba de “zurdos de mierda, hijos de puta” y aseguraba “los vamos a ir a buscar”.
“Más allá de la total falta de equilibrio semántico para expresar sus opiniones políticas, se invoca en la presentación la amenaza de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica de todas las personas que puedan sentirse comprendidas en el ámbito de aplicación de los posibles atentados o afectaciones contra las personas, el orden constitucional y la vida democrática, celosamente custodiados en nuestro sistema constitucional y penal”, plantea formalmente el texto presentado ante el Congreso.
En declaraciones a la AM 750, uno de los juristas que promueve el pedido, Barcesat explicó: “Aquí no solo se trata de defenderse frente a las amenazas intimidatorias, se trata de cómo tira abajo la institucionalidad. No solo protegemos la vida, libertad física y psíquica que puedan sentirse comprendidos en este ámbito, sino que ingresa en las figuras penales que tutelan el orden constitucional y la vida democrática”.
A su vez, abogado constitucionalista agregó que en el planteo figura el “férreo alineamiento con EEUU y la OTAN, abandonando toda postura de defensa y reclamo de nuestra soberanía territorial en las Islas Malvinas, del Atlántico Sur y Sector Antártico”.
El juicio político es el mecanismo constitucional para la destitución de las autoridades de los poderes del Estado, así como de integrantes de los poderes legislativo y judicial. La dinámica se desarrolla a partir de la acusación por parte de la Cámara de Diputados -ante la que se hizo la presentación- quien aprueba el inicio del proceso con el voto de dos tercios de sus integrantes.
La Constitución explicita que deberá ser lleva adelante por la Cámara de Senadores, quien llega al veredicto con la misma mayoría. Los efectos del mismo se limitan a la destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos. A partir de allí, en caso de quedar establecida la comisión de delitos, es la justicia la que aborda el proceso penal.
Antecedente
En abril de 2024, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también encabezó el proyecto junto a numerosas figuras de distintas ramas del campo popular. Allí se aducía el incumplimiento de deberes de funcionario público, sustentado en el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, desfinanciamiento de la educación. También se apuntaba a cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial.
En aquel entonces, algunos de los puntos esgrimidos fueron el negacionismo del terrorismo de Estado, la cuestión Malvinas y la soberanía territorial, la suma del poder público a partir de las facultades que otorga el decreto 70/2023.