Tras el apriete oficialista, habló la jueza que liberó a los detenidos durante la represión  

Redacción Canal Abierto | La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, amenazó públicamente a la jueza porteña Karina Andrade, quien había ordenado la liberación de 114 detenidos durante la violenta represión del miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional.

A su vez, anunció que presentará una denuncia por “sedición” y evalúa acusar a Andrade de “prevaricato y violación de los deberes de funcionario público”, en un claro intento de presionar al Poder Judicial. “Vamos a actuar contra esta jueza que ha decidido liberar a violentos”, lanzó la ex funcionaria de la Alianza y Juntos por el Cambio.  

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se sumó al ataque desde su cuenta de X, afirmando que analizará la actuación de Andrade ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad por “posible incumplimiento de sus funciones”.  

Esta ofensiva fue amplificada por una batería de medios afines al Gobierno, como La Nación+ y LN+, que dedicaron amplios segmentos a desacreditar a la jueza. En el caso de Clarín, consistió en la publicación en tapa de este viernes una nota donde la caracterizaba como “camporista”, sin por ello dar cuenta de su supuesta afiliación política.  

El origen de la cruzada contra la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad no sólo radica en la pronta liberación de los apresados, sino en las críticas al procedimiento y la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, como es la libertad de expresión y el derecho a la protesta. 

En respuesta, la magistrada dio una serie de entrevistas periodísticas en las que justificó su accionar y aclaró que no fue se trató de una “decisión trasnochada”. Además, confirmó el descontrol del operativo policial: “No se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones”.  

“Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores, la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, marcó Andrade. 

“Teníamos un caso que decía mexicano, sin el nombre ni el DNI”, detalló.  

Organismos de derechos humanos, como el CELS y la mesa de abogados de lesa humanidad Mario Bosch, salieron en defensa de la jueza, repudiando lo que calificaron como un “avance autoritario” del Ejecutivo sobre la independencia judicial. El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU) también expresó su respaldo, destacando que la decisión de Andrade se ajustó a la Constitución y condenando la “violencia institucional desproporcionada” del operativo represivo. 

El episodio expone una vez más la estrategia del Gobierno de criminalizar la protesta social y condicionar al Poder Judicial mediante amenazas y campañas mediáticas. La pregunta que resuena es hasta dónde llegará esta escalada y qué costo tendrá para una democracia que, según denuncian sectores opositores, se ve cada vez más amenazada por el autoritarismo.