Redacción Canal Abierto | El Foro de Defensa de Personas de Discapacidad realizó esta mañana una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley para declarar la Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que apunta a aliviar la alarmante situación que atraviesa el sector, signada por el recorte de las pensiones y el desfasaje de las distintas prestaciones.
Una persona con Discapacidad que trabaja en un taller protegido, como puede ser una carpintería o una herrería, elaborando productos que luego se comercializan, está cobrando por mes $28.000. Un transportista que traslada a las personas, sea a sus tratamientos de salud o a la escuela, recibe por parte del Estado $543 por litro de nafta, cuando el precio en surtidor ronda los $1500.
Con esos y otros datos, Daniel Arroyo (Unión por la Patria), presidente de la comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados y coautor del proyecto, dio un rápido pantallazo de lo que efectivamente ocurre en el sector, golpeado además por auditorías masivas que, tal como están planteadas, son ineficientes y provocan incertidumbre y angustia entre sus titulares.
También destacó que el proyecto cuenta con las firmas de legisladores de todos los bloques, menos La Libertad Avanza y el PRO. Sin embargo, dado lo sensible del tema, que toca de manera personal a muchos legisladores, afirmó que espera que en el recinto el apoyo sea, si no unánime, al menos mayoritario.
Además, informó que el proyecto ya fue aprobado en la comisión que preside y en la de Acción Social, y que ahora el objetivo es la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert. Para visibilizar la iniciativa y pedir su tratamiento, mañana se realizará una actividad en el Anexo del Congreso, a las 10 horas.
Los principales puntos del proyecto
El proyecto prevé la declaración de la Emergencia en el área de discapacidad hasta el 31 de diciembre inclusive, y establece una serie de medidas de protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor de la Ley 24.901. Según sus autores, las más acuciantes son:
- La actualización de las prestaciones: El desfasaje entre los aranceles de las prestaciones y los costos de vida -situación que se arrastra desde diciembre de 2023 y que se profundizó con el actual Gobierno- provocó desde el cierre de servicios hasta la baja de profesionales independientes y el endeudamiento de las instituciones. Ante esto, el proyecto plantea una compensación de emergencia, y luego, la aplicación de actualizaciones mensuales basadas en el IPC. A su vez, propone que todos los años se realicen estudios de costos que permitan realizar ajustes realistas, garantizando la continuidad de los servicios previstos en la ley 24.901, con la calidad y eficiencia necesarias.
- La actualización de la asignación mensual de estímulo para los trabajadores del empleo protegido (26.816), que hoy se ubica en unos magros $28.000, y que no se ajusta desde febrero de 2023. El porcentaje de ajuste que se propone es el equivalente al del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- La creación de una pensión por discapacidad para protección social, para “las personas con discapacidad que cuenten con el CUD (Certificado Único de Discapacidad) correspondiente, o de setenta (70) o más años de edad sin suficientes recursos propios, no amparadas por un régimen de previsión”. La medida es en respuesta a los recortes a las pensiones, en el marco de las auditorías masivas en curso. “La aplicación del criterio de incapacidad laboral en lugar de un criterio más amplio de ‘discapacidad en contexto de vulnerabilidad social’ podría dejar a muchas personas sin acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la rehabilitación y el transporte, entre otros”, advirtieron desde el Foro.
Con el objetivo de fortalecer a los prestadores, el proyecto también prevé un mecanismo para asegurar el acceso simplificado y expeditivo a un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social, la condonación de intereses, multas y demás sanciones, la refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos, entre otras medidas que garanticen la continuidad de los servicios de interés público que brindan.
La actriz y activista por los derechos de las personas con Discapacidad, Valentina Bassi, participó de la conferencia de prensa y se refirió a la importancia de la actualización de los aranceles. “Para dar un ejemplo, los acompañantes terapéuticos están rotando porque los sueldos no les alcanzan. Los primeros tres o cuatro meses son de vinculación, de adaptación, y recién a partir de ahí se puede empezar a trabajar. Si a los tres meses se van porque no tienen para comer, porque están en una situación de precarización tremenda, ese tiempo no sirvió de nada. Es dramático”, afirmó.
Y agregó: “Dicen que los padres de los chicos con Discapacidad hacemos todo para asegurar que nuestros hijos estén bien cuando nosotros ya no estemos. Ahora pienso, ¿qué futuro? El terror es el presente. Por eso, esta ley tiene que salir hoy, por eso Presupuesto se tiene que reunir hoy. Mañana ya es tarde. Esa es mi sensación”.