Redacción Canal Abierto | Durante el último período de sesiones de la 80° Asamblea General de la ONU, en múltiples ocasiones y prácticamente en soledad, Argentina votó junto a Estados Unidos e Israel en contra de resoluciones fundamentales, frente a una abrumadora mayoría de Estados que lo hicieron a favor. En conjunto, este patrón ubica al país cada vez más lejos de foros multilaterales y del consenso internacional en materia de derechos humanos.
Entre otras resoluciones, Argentina se opuso a la prevención y erradicación de la tortura, igual que aquellos países que habitualmente critica en materia de derechos humanos, como Nicaragua y Rusia. También, fue uno de los únicos tres Estados que votó en contra de una resolución sobre terrorismo y derechos humanos. Asimismo, se opuso a resoluciones sobre violencia contra mujeres trabajadoras migrantes, protección de migrantes y trata de personas, todas tradicionalmente aprobadas por consenso o con amplio apoyo.
Textos centrales en materia de igualdad y desarrollo, como la mejora de la situación de las mujeres y las niñas en zonas rurales, el derecho humano al agua potable y al saneamiento y el seguimiento de la Conferencia de Beijing y de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, también fueron rechazados por Argentina. El Estado argumentó una “defensa rígida de la soberanía estatal” frente a compromisos multilaterales, rechazó la concepción amplia de “género” reduciéndola nuevamente a una lógica binaria y volvió a descalificar a la Agenda 2030 y al Pacto del Futuro.
“El sistema internacional de derechos humanos existe para proteger a las personas, especialmente cuando los Estados fallan en hacerlo. Por eso es tan grave que Argentina se aleje de los consensos amplios construidos en la ONU durante décadas. Argentina debe volver a ocupar un lugar constructivo en la comunidad internacional y honrar las obligaciones que asumió en materia de derechos humanos”, señaló Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Duras observaciones del Comité contra la Tortura
Por otro lado, el 13 de noviembre, tras examinar el cumplimiento de Argentina de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) publicó sus conclusiones. El CAT expresó seria preocupación por diversas resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre el uso de la fuerza y de armas menos letales, incluido el Protocolo Antipiquetes, y lamentó la falta de claridad sobre quién decide activar estos mecanismos, cuáles son los criterios para ello y qué límites se fijan al uso de armas menos letales.
También señaló las denuncias de lesiones graves ocasionadas por el uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes, y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante las manifestaciones sociales, y recomendó investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones y protestas.
Frente a este panorama, el Comité instó a Argentina a revisar y adecuar su normativa y práctica en materia de seguridad y uso de la fuerza a los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de asegurar que incorpore de manera explícita los criterios de necesidad, proporcionalidad y precaución, así como a reforzar la capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad.
El CAT cuestionó la detención prolongada de personas en comisarías y dependencias policiales e instó al Estado argentino a poner fin a esta práctica y mejorar las condiciones de reclusión. También subrayó la necesidad de garantizar una política de tolerancia cero frente a la tortura y los malos tratos, y recomendó crear fiscalías especializadas en investigar estos hechos en todas las provincias.
El Comité sostuvo que el Estado argentino debe garantizar que todas las muertes bajo custodia sean investigadas de forma rápida, imparcial e independiente, y reforzar un sistema nacional eficaz de recopilación de datos.
También manifestó preocupación por los “operativos preventivos” en barrios populares —incluidos los de “orden y limpieza” contra personas en situación de calle en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires— y pidió al Estado adoptar medidas para prevenir y detener detenciones masivas, hostigamientos, prácticas discriminatorias y el uso desproporcionado de la fuerza, asegurando que toda actuación policial se ajuste a la ley y cuente con control judicial efectivo.
Amnistía Internacional había presentado previamente un informe al Comité contra la Tortura en el que documentó estos y otros problemas estructurales, y las observaciones finales del CAT no solo confirman dichas preocupaciones, sino que las refuerzan. En este marco, la organización insta al Estado argentino a cumplir sin dilaciones las recomendaciones del Comité, evitar nuevos retrocesos y garantizar la protección efectiva de los derechos de todas las personas, reorientando de manera urgente su política exterior y sus prácticas internas para alinearlas con sus obligaciones internacionales.
Fuente: Amnistía Internacional Argentina