Redacción Canal Abierto | Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén atraviesan una situación crítica: los salarios de diciembre de 2025 —que debían abonarse el primer día hábil de enero de 2026— siguen sin ser liquidados y ya generaron un conflicto abierto con el gobierno nacional y las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En este marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó públicamente por los sueldos adeudados y denunció que más de 3.863 millones de pesos destinados originalmente para pagar salarios y cubrir mantenimiento de la planta fueron desviados por la actual conducción de la CNEA.
Según explicó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, los fondos formaban parte de una ampliación presupuestaria aprobada hace más de un mes y estaban específicamente asignados a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI) —la sociedad mixta que administra la PIAP— para garantizar la operación y la continuidad laboral de los trabajadores.
Sin embargo, por decisión del presidente de la CNEA, Martín Porro, esos recursos no fueron transferidos, y su destino actual es desconocido.
En respuesta, ATE anunció medidas de fuerza inmediatas, incluyendo cortes de ruta en el puente Arroyito sobre la Ruta Nacional 22, y exige una investigación judicial para determinar el paradero de los fondos.
La denuncia sindical se da en un contexto de presión presupuestaria y ajustes en el sector nuclear. La CNEA enfrenta tensiones en proyectos emblemáticos como el reactor CAREM y otras iniciativas de largo plazo, y acumuló importantes atrasos salariales en los últimos meses, lo que ha generado malestar entre trabajadores altamente calificados.
Este conflicto laboral se superpone con un debate más amplio sobre el modelo de gestión del sector nuclear en Argentina.
Organizaciones gremiales, científicas y sindicales advierten sobre los riesgos de un proceso de privatización parcial de activos nucleares y de una mayor presencia del capital privado en áreas estratégicas de la industria.
Proyectos recientes del Ejecutivo, impulsados como parte de un supuesto “plan nuclear”, incluirían la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) —la empresa pública encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse— mediante la venta de hasta un 44 % de sus acciones, decisión que generó fuertes críticas de diversos sectores por considerar que pone en riesgo la soberanía tecnológica y energética del país.
La gestión de Demian Reidel en NASA también enfrenta denuncias por irregularidades: un gerente de Atucha I-II que describió varias irregularidades que llevaban a otorgar el contrato con un precio 140% más alto que el que estaba vigente.
Además, según reveló el portal El Disenso, la conducción de la empresa pública multiplicó los gastos vinculados a viajes y representación, a la vez que varios proveedores de la empresa denuncian demoras injustificadas en los pagos.
El medio periodístico también expuso que a nivel personal Reidel tendría deudas millonarias. Según datos del Banco Central, el amigo de Milei tiene deudas que superan los 880 millones de pesos y el sistema ha calificado sus obligaciones con el Banco Macro como categoría 4 o «deuda con alto riesgo de insolvencia».