Redacción Canal Abierto | Javier Milei oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, tal como quedó establecido en el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. Como es costumbre en estos casos, el temario se limitará a los asuntos fijados por el Poder Ejecutivo, que en este caso apuntan a profundizar la agenda extractivista y avanzar sobre los derechos de los trabajadores.
En concreto, estamos hablando de la Reforma Laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. A esto, la Casa Rosada sumó la aprobación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea y la nominación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante el bloque comercial europeo (nombrado ya representante ante de la Argentina ante Bélgica, podría hacerse de un segundo cargo son contar con experiencia alguna en materia diplomática).
De protección ambiental a negocio extractivo
El proyecto que busca reformar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) está entre los pilares de la ofensiva oficialista.
Como viene advirtiendo Canal Abierto hace meses, la iniciativa implica la eliminación de la protección automática de glaciares y periglaciares, dejando la definición de zonas protegidas a decisión provincial y abriendo la puerta a actividades que ponen en riesgo recursos hídricos esenciales.
Ese enfoque contrasta con la visión ambiental y de soberanía hídrica defendida por movimientos sociales, comunidades locales y organizaciones ambientalistas, que consideran a los glaciares reserva estratégica de agua dulce y un componente clave frente al agravamiento de la crisis climática.
Precarización disfrazada de “modernización”
El tratamiento parlamentario de una eforma laboral integral figura como uno de los ejes centrales de las extraordinarias. El Gobierno impulsa un texto que –según sus voceros– “moderniza” el régimen laboral argentino, pero que sindicatos y organizaciones de trabajadores han definido como regresivo y pensado para abaratar mano de obra e incrementar la flexibilidad en detrimento de derechos consolidados.
En Canal Abierto se señaló que el proyecto enviado por el Ejecutivo y promovido por sectores del establishment debilita la presunción de relación laboral, facilita el fraude laboral, promueve la tercerización irresponsable y traslada costos del despido al Estado, entre otros puntos que erosionan la estabilidad y las condiciones de trabajo.
Las principales centrales obreras ya activaron medidas de rechazo y movilizaciones, destacando que la reforma no aborda los problemas estructurales del empleo en Argentina y sólo responde a demandas empresariales de reducción de costos y debilitamiento de la negociación colectiva.
Apertura comercial sin compensaciones
Otro de los proyectos incluidos en la convocatoria es la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado largamente negociado que propone una inserción comercial más profunda con el viejo continente.
Mientras el Gobierno lo promociona como una oportunidad para aumentar exportaciones, críticos señalan que el acuerdo fortalece déficits estructurales en la balanza comercial y expone a productos locales a la competencia desequilibrada de productores europeos, que gozan de subsidios y marcos regulatorios más sólidos.
Este tipo de apertura económica, en un contexto de demanda interna debilitada y crisis productiva, puede agravar la desindustrialización y profundizar la vulnerabilidad del sector productivo nacional.