Redacción Canal Abierto | El Gobierno nacional hizo efectiva en marzo de 2026 la eliminación del programa Volver al Trabajo, una decisión que dejará sin ingresos a casi un millón de trabajadores y trabajadoras que percibían $78.000 mensuales. La medida implica la interrupción de una política de sostenimiento de ingresos destinada a personas insertas en el mercado laboral informal.
Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Formación y la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma, la decisión “termina de desarticular una política de sostenimiento de ingresos destinada a aquellas personas que están insertas en el mercado laboral por fuera de los canales formales tradicionales”.
El programa Volver al Trabajo alcanzaba a más de 950 mil personas hacia fines de 2025, dentro de un universo total de 1,16 millones de beneficiarios de programas sociales vinculados al trabajo. Su cierre implica que el Estado dejará de transferir unos $74.600 millones mensuales, recursos que —según el informe— estaban íntegramente destinados al consumo en sectores populares.
El documento ubica la medida dentro de un proceso más amplio de ajuste. Entre 2023 y 2025, la partida de asistencia social se redujo un 77% en términos reales, mientras que el Potenciar Trabajo registró un recorte del 96%. A su vez, el congelamiento del monto del salario social en $78.000 desde diciembre de 2023 implicó una caída del 72% en términos reales.
“El impacto del congelamiento del monto del Salario Social Complementario fue mucho mayor. Desde diciembre de 2023 se mantuvo en $78.000. En términos reales, la caída acumulada entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 fue del 72%. De haber acompañado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, en febrero de 2025 las prestaciones deberían haber ascendido a $173.400. Se trató de una política deliberada de licuación para facilitar su eventual eliminación”, sostiene el informe.
El impacto territorial de la medida será desigual. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra el 47,2% de los beneficiarios, pero en provincias como Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Formosa, los ingresos del programa representaban entre el 8% y el 13% de la población económicamente activa, por lo que allí las consecuencias serán más profundas.
Además, el análisis advierte que el ingreso del programa tenía un peso significativo en las economías familiares. A nivel nacional, representaba el 4,4% del ingreso promedio de los hogares y el 8,5% del ingreso de los ocupados. En el caso de trabajadores informales, ese porcentaje ascendía al 13,6%.
El documento también señala un fuerte impacto de género. Las mujeres eran mayoría entre las titulares de estos programas y se encuentran en una situación más precaria en el mercado laboral.
“El cierre de un programa que sostenía ingresos mayoritariamente femeninos profundiza una estructura que ya expulsaba a las mujeres hacia ocupaciones más frágiles y peor remuneradas”, advierte.
En ese sentido, se destaca que más del 53% de la fuerza de trabajo femenina se encuentra en condiciones de precariedad o bajos ingresos, y que la eliminación del programa recarga aún más las tareas de cuidado no remuneradas.
El informe incorpora además un relevamiento territorial que da cuenta de los perfiles de quienes percibían este ingreso: trabajadoras de comedores y merenderos, mujeres dedicadas a tareas de cuidado y limpieza en la informalidad, y trabajadores de la construcción o changas. En muchos casos, el monto del programa representaba entre el 20% y el 30% del ingreso familiar.
Finalmente, el documento enmarca la medida en un contexto de deterioro del mercado laboral. La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% a fines de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, mientras que la informalidad afecta al 43% de los ocupados.
“El cierre del programa Volver al Trabajo perjudica a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, concluye el texto de IEF y FeNaT, que advierte sobre el impacto social de una medida que reduce ingresos en los sectores más postergados en un contexto de creciente precarización laboral.
