Redacción Canal Abierto | “No lo voy a juzgar por lo que él hizo” fueron las palabras con que el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, Pablo Reguera, buscó justificar su pedido para que la justicia federal otorgue salidas transitorias al represor Pedro “Pili” Rodríguez.

Aunque en una entrevista con la emisora local LT8 el dirigente planteó el requerimiento como una mera cuestión laboral -Rodríguez es abogado y ya asesoró al sindicato-, el gremialista aseguró: “Con todas las cosas que él (por Rodríguez) ha hecho por mí, donde estoy yo, se lo debo a él”.

Abogado y funcionario de la intendencia de San Lorenzo en la dictadura, Rodríguez supo ocupar una banca legislativa a nivel provincial bajo el ala justicialista. Durante aquellos cuatro años incluso presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General santafecina. Luego de acceder a una concejalía en 2004, fue expulsado de su banca tras la primera detención en el marco de las investigaciones por su participación en delitos de lesa humanidad.

Años más tarde, en 2009 volvió a acceder a una banca en el Concejo Municipal de su ciudad. Sin embargo, entonces ni siquiera llegó a asumirla por la presión de los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales de la región. Finalmente, en 2013 la Justicia lo condenó a ocho años y medio de prisión por secuestros, torturas y tormentos cometidos contra el secretario general de trabajadores municipales de San Lorenzo, Manuel Casado.

Si bien hace tiempo ya había sido protagonista de una fuerte polémica por la decisión judicial que le otorgó la prisión domiciliaria (vive en un country en las afueras de San Lorenzo), las última novedades sobre su situación aumentó la indignación de los sanlorencinos.

En los próximos días, los concejales del municipio debatirán un «repudio» a la actitud del secretario general del Sindicato Aceitero tras solicitar a la justicia «salidas transitorias» del detenido. “Como órgano de la democracia tenemos la responsabilidad institucional, la obligación moral y ética de repudiar, denunciar, y poner toda nuestra energía en evitar que este abogado y asesor de la dictadura genocida sea favorecido por salidas transitorias y, mucho menos, actuar en un refugio de trabajadores, como es un sindicato”, afirmó el edil y autor del proyecto, Marcelo Remondino.

 

Fuentes: elciudadanoweb.com y sl24.com.ar

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