Redacción Canal Abierto | Una investigación de Sebastián Premici en El Destape reveló que el gobierno de Javier Milei homologó, durante la feria judicial, un acuerdo para ponerle fin a una acción de lesividad iniciada por el mismo Estado contra Joe Lewis y su empresa Hidden Lake S.A, en 2023, por la compra fraudulenta de las 12.000 hectáreas ubicadas en la zona de El Foyel, Río Negro, donde se encuentra Lago Escondido y la lujosa mansión del magnate inglés.
Pero no solo eso. De acuerdo a la pesquisa periodística, el Ejecutivo no sólo selló la impunidad, sino que hizo todo lo posible para ocultar el acuerdo.
Cabe recordar que lo que estaba en investigación era la compra de las tierras ubicadas en una zona de seguridad de frontera -es decir, prohibida para la venta a capitales extranjeros- que se habría concretado en 1996, a través de una red de testaferros liderada por la familia Van Ditmar, hoy administradores de la estancia.
En esta nota del periodista Pablo Bassi, se explica en detalle esa trama.
Desde entonces, los vecinos de El Bolsón y zonas aledañas no solo denuncian la apropiación y extranjerización de una zona estratégica, sino además, el bloqueo a la ciudadanía argentina del acceso de al lago. Por este tema hay en curso otra causa judicial iniciada por la ahora diputada rionegrina, Magdalena Odarda. Además, desde hace 10 años se lleva adelante una Marcha por la Soberanía hacia el lago, que en varias ocasiones fue atacada violentamente por mercenarios al mando del inglés.
Gato encerrado
Como señalamos, además de perdonarle a Lewis la cuestionada compra, el Ejecutivo habría metido cuchara para que el acuerde se selle en las sombras. Así, el expediente que hasta diciembre registraba movimientos, contestaciones, y podía consultarse en la intranet del Poder Judicial, tras la feria judicial pasó a estar reservado. Así se lo confirmó a El Destape un juez del contencioso administrativo.
Por eso, el periodista tomó conocimiento del hecho de forma indirecta, a través de otro fallo, en que los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Jorge Morán y Daniel Duffy, le respondían un recurso de queja presentado por los propios apoderados de Hidden Lake en el expediente por la acción de lesividad.
En un párrafo de la resolución fechada en marzo de 2026, se puede leer:
“Desde esta perspectiva, no puede perderse de vista que, con posterioridad a la concesión de recurso, recayó sentencia el 28/1/26 por el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos CAF 45.112/2023 “M INTERIOR DE LA NACIÓN c/HIDDEN LAKE SA – RESOL 1603/23 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO3, mediante la cual se resolvió homologar el convenio conciliatorio presentado el 15/1/2026, poniéndose fin al litigio”.
La cuchara
En el artículo publicado en El Destape, Premici hace alusión a un hecho decisivo para entender la trama detrás del acuerdo en la que aparecen dos personajes clave: la convalidación ocurrió dos meses antes de la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y de que enviase al Senado el pliego de su padre, Carlos Mahiques, para que continúe con sus funciones en la Cámara de Casación Penal.
Carlos, recordemos, es el juez que le puso el gancho, en 2021, a la prescripción de la causa judicial en la que también se investigaba la compra fraudulenta de 1996. Y ambos, padre e hijo, participaron en 2022 del escandaloso viaje a Lago Escondido –en avión privado y con estadía en la mansión de lujo- del que también participaron los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, directivos del Grupo Clarín, el luego eyectado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En la mencionada nota, Bassi recuerda que la maniobra para intentar ocultar el viaje, que se urdió por Telegram y luego se reveló con una filtración, incluia pedirle facturas truchas, justamente, al presunto testaferro de Lewis, Van Ditmar.
La saga cierra con el envío al Congreso de la “Ley Sturzzeneger”, titulada de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que entre otras cosas se flexibiliza la extrajerización de las tierras.
Como analiza el Observatorio de Tierras, el proyecto introduce mecanismos para facilitar la enajenación de activos estatales al reforzar la protección de los derechos adquiridos por compradores privados. Este “blindaje” jurídico podría dificultar futuras revisiones o reversión de privatizaciones, incluso en casos donde se verifiquen irregularidades o impactos negativos para el interés público.
Algo de lo que se podría beneficiar –justo- el amigo inglés del establishment.
