Por Mariano Vázquez | Bolivia ha concitado la atención del mundo, a tal punto que el Departamento de Estado de los Estados Unidos instruyó a diez gobiernos latinoamericanos a pronunciarse en favor del gobierno boliviano, acusando a los manifestantes de promover un golpe de Estado. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental denunció que “los disturbios y bloqueos han generado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz”.
Acto seguido, los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado conjunto reproduciendo casi textualmente esa declaración del Departamento de Estado: “Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del Gobierno”.
Curiosamente, varios de esos países son campeones de la represión salvaje contra sus propios pueblos cada vez que estos salieron a las calles a reclamar por sus derechos. En el caso argentino, acaban de arribar a La Paz dos aviones Hércules. La denuncia de Evo Morales es que, aunque oficialmente se hable de ayuda humanitaria, existirían sospechas de traslado de material represivo. Un hecho de extrema gravedad que remite a un antecedente ineludible: el envío de armamento en 2019 al gobierno golpista de Jeanine Áñez por parte de la administración de Mauricio Macri.
Una perlita aparte fue el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con una muestra de cinismo todavía más exacerbado. Al expresar su solidaridad con Rodrigo Paz, manifestó además su “preocupación por la situación humanitaria causada por los disturbios y los bloqueos”. Sí, Israel: el mismo Estado que desde hace casi tres años lleva adelante un genocidio en Gaza, impulsa una limpieza étnica y bloquea brutalmente el ingreso de ayuda humanitaria.
Bloque popular, unido
Desde el Cabildo Abierto del 1º de mayo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), la paciencia con el gobierno de Paz comenzó a agotarse. A la frustración económica se sumó la sensación de traición de amplios sectores del bloque popular que habían confiado en un presidente que prometía restaurar derechos, pero que terminó imponiendo la agenda de los sectores concentrados: baja de impuestos, apropiación de tierras campesinas y aumento del precio de los combustibles.
Sin embargo, las demandas dejaron de limitarse a lo económico. La percepción de ausencia de conducción política y de incapacidad para gestionar la crisis amplificó el conflicto. El bloque popular, campesino y sindical –fracturado durante meses por la disputa entre Evo Morales y Luis Arce– dejó de lado sus diferencias y volvió a unificarse. Sindicatos obreros y campesinos, organizaciones originarias y juntas vecinales llevan más de dos semanas de movilización y sostienen 22 bloqueos en todo el país, la mayoría concentrados en La Paz, sede de gobierno. La única respuesta oficial, hasta el momento, ha sido la represión.
Tal es la magnitud de la protesta y de la huelga general que la Fiscalía boliviana ordenó la detención de Mario Argollo, líder de la COB, junto con otros dirigentes sociales. Hasta ahora se contabilizan 129 detenidos, acusados de sedición y terrorismo –el manual tradicional de la derecha para deslegitimar y criminalizar la protesta social–, además de decenas de heridos producto de la represión.
Los sectores conservadores y empresariales del país se abroquelaron rápidamente en torno a Paz. Sin embargo, el reclamo de diálogo comenzó a expandirse incluso dentro del oficialismo. Su propio vicepresidente, Edmand Lara, quien rompió relaciones con Paz apenas este rompió su pacto electoral, salió a cruzarlo públicamente: “Escuche al pueblo, no únicamente a quienes le dicen lo que quiere oír […] Si no se abre la puerta al diálogo, la historia juzgará el costo de cada herido, cada detenido y cada oportunidad perdida para devolverle paz y estabilidad a Bolivia […] No voy a ser cómplice del silencio”.
Como un comodín recurrente para cuando las papas queman, el gobierno volvió a acusar al expresidente Evo Morales de conspiración. El dirigente cocalero, que conserva una importante capacidad de información e influencia territorial, denunció incluso un intento de magnicidio con participación de fuerzas de élite estadounidenses para ejecutar una operación de captura y extracción desde el Trópico de Cochabamba, su fortaleza. Evo continúa siendo el chivo expiatorio predilecto de la derecha boliviana cada vez que el clima social se vuelve adverso.
La alianza de Paz con la extrema derecha y con el gobierno de Donald Trump no pasó desapercibida. Las medidas económicas neoliberales y privatizadoras, sumadas a la ausencia de respuestas frente al deterioro del costo de vida, encontraron la respuesta habitual de un pueblo históricamente organizado y sindicalizado.
Bolivia vuelve a entrar en esa zona de la historia donde todo está atado con piolines. Rodrigo Paz apostó a administrar la crisis mediante la represión y el respaldo de la derecha internacional, pero subestimó algo más profundo: la memoria insumisa de un pueblo acostumbrado a resistir. Y cuando esa memoria despierta, ningún decreto alcanza para contenerla.
Publicado originalmente en Sangrre
